Cuando se discute en el Congreso de la Unión el paquete presupuestal del cada año, sobresalen los argumentos sobre los montos y presupuestos de la política social, ese renglón que ha sido el blanco de promesas, críticas, favores, auditorías, recortes, desvíos, sobornos y beneficios. Máxime cuando se trata de un cambio de sexenio, y cuando el próximo gobierno ha esgrimido el lema desde hace tiempo de «por el bien de todos, primero los pobres».

En todos los discursos para la distribución del presupuesto, lo que se pone por delante son las partidas para educación, salud, alimento, vivienda, seguridad social. Y en ese sentido se argumenta sobre las necesidades básicas de la población y la eficacia de los programas. Y en todo eso, las políticas de los últimos gobiernos han sido un fracaso. En la actualidad, más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza, y un segmento considerable está en condiciones de pobreza extrema.

Según un análisis de BBVA Bancomer, el próximo gobierno destinará por lo menos 198,529 millones de pesos para programas sociales, particularmente el programa de capacitación a los jóvenes, el apoyo a adultos mayores y a discapacitados. Eso equivale al .85% del Producto Interno Bruto. El programa llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones que no tienen oportunidad de trabajar ni estudiar, tiene un costo estimado de 133 mil 930 millones de pesos.

Para el programa Sembrando Vida, que busca combatir la pobreza rural y la degradación ambiental con plantaciones de miles de árboles, BBVA Bancomer estima que en 2019 el programa contaría con al menos 13 mil 200 millones de pesos, mientas después de 2020 la cifra será de 24 mil millones por concepto de transferencia de salarios a los beneficiarios.

En cuanto a la pensión para adultos mayores, que se busca sea universal y duplicar para las personas de 68 o más años de edad, se pronostica una erogación que podría llegar a los 104 mil 015 millones de pesos al año. En caso de que se hagan las modificaciones prometidas, el presupuesto se incrementará 164 por ciento respecto del asignado en 2018.

Se estima que para el programa de becas para educación media superior el costo será de 32 mil 939 millones de pesos, y en cuanto a la pensión para personas con discapacidad se proyecta que costará alrededor de 15 mil 288 millones de pesos al año, pues sólo atenderá a un millón de personas, lo que equivale a 13 por ciento de la población en el país con alguna discapacidad.

Pero la discusión de fondo no está en las cifras. El verdadero cambio será el propósito de las políticas públicas, si queremos seguir repartiendo dinero a los más necesitados para que sobrevivan (las políticas de Solidaridad, Prospera, Progresa y Oportunidades), o si queremos elevar los niveles de educación y capacitar a los jóvenes para que puedan producir su riqueza con sus propias manos.