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Desigualdad social

Una de las medidas más importantes que tomará el próximo gobierno es la de la reducción de los salarios de los altos funcionarios. El paquete económico de 2019 afectará a 34 mil 559 trabajadores que actualmente ganan más de lo que pretende obtener Andrés Manuel López Obrador como Presidente, fijado en 108 mil 248 pesos mensuales. Se trata de secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad, directores generales, directores generales adjuntos. Las instituciones públicas que tienen actualmente el mayor número de trabajadores que ganan más que la cifra fijada para el próximo presidente son el Consejo de la Judicatura Federal, Pemex, las secretarías de Hacienda, Gobernación, Marina, Energía, Comunicaciones y Transportes, la CFE y el IMSS. En el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, laboran más de 42 mil empleados, de los cuales 9,376 ganan más de 108,248 pesos mensuales; en PEMEX hay más de 111 mil empleados, de los cuales 8,382 tienen remuneraciones por encima de la cifra mencionada; en la Secretaría de Hacienda son 2,656 servidores públicos en dicha condición, y en la Secretaría de Gobernación son 1,411.

A primera vista, la medida parece obedecer al deseo de reducir la desigualdad social en México. La realidad impondrá sus excepciones. Eso se verá con los ajustes salariales de los funcionarios que viven en el extranjero y que deberán cumplir sus obligaciones, por ejemplo, con un salario de 4,920 euros. En París, por ejemplo, un departamento pequeño de aproximadamente 100 metros cuadrados, para una familia, puede consumir más de la mitad de dicha cifra.

Sin embargo, el meollo de la desigualdad social no se encuentra en las diferencias salariales de las instituciones públicas. Las diferencias son abismales, claro, porque un ministro de la Suprema Corte de Justicia gana 245 veces más que el trabajador que menos gana en la misma institución -las personas de mantenimiento, por ejemplo-, pero esa diferencia se convierte en un abismo de injusticia cuando examinamos las diferencias salariales en las empresas privadas. En el sector minero, por ejemplo, los accionistas de una empresa tienen ganancias de 13 millones de pesos mensuales, mientras que a los gerentes y administrativos les pagan un promedio de 25 mil pesos al mes, y a los trabajadores peor pagados les pagan solamente el salario mínimo. En ese rubro, como en muchos otros, los que más ganan obtienen 5,200 veces más recursos que los que menos ganan.

Por supuesto que muchos se horrorizarían al ver que el Estado interviene en los asuntos de las empresas privadas. Pero el Estado existe, precisamente, para remediar las injusticias sociales. O como decía Morelos: “para moderar la indigencia y la opulencia.”

 

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