El tema de la Guardia Nacional se ha paseado por todos los foros políticos de la nación. Es uno de los programas fundamentales del actual gobierno, y ha despertado una gran cantidad de sospechas y aclamaciones. Los que están a favor, ven la existencia del nuevo cuerpo de seguridad como un nuevo ingrediente para tratar de frenar la espiral de violencia e inseguridad que vive el país. Los que están en contra la ven como un instrumento para que el actual presidente establezca un vínculo indisoluble con las fuerzas armadas, y que ese nexo se convierta a futuro en una palanca para perpetuarlo en el poder.

Es evidente que existen algunos ejemplos internacionales que justifican este temor. Lo primero que buscan los dictadores es el apoyo incondicional del ejército. En Siria, por ejemplo, la lealtad al sanguinario Bashar Al Assad se cimienta en casas. Al norte de Damasco, la capital del país, hay un suburbio exclusivo para los oficiales del ejército, que provienen en su mayoría de comunidades rurales empobrecidas, y que al ser leales al régimen tienen la oportunidad de ser dueños de una vivienda digna en la capital de Siria.

En Venezuela -un ejemplo que puede convertirse en otra Siria-, después de la alianza cívico-militar promovida por Hugo Chávez, los soldados vieron multiplicar sus salarios por encima del de los demás trabajadores, y Nicolás Maduro formó un nuevo cuerpo para su protección privada llamado la Guardia de Honor Presidencial. En ese esquema, se conformaron 6 batallones para la protección del Ejecutivo, una Unidad Especial de Aseguramiento Vial y Francotirador, así como un Escuadrón de Caballería Motorizada. En total, han sido ascendidos 437 militares para la protección del presidente.

El caso de México es radicalmente distinto.  Por una parte, porque detrás de la creación de la Guardia Nacional se encuentra la intención de fortalecer el número de cuerpos de seguridad en México -soldados, marinos y policías-, que se halla por debajo de los estándares recomendados por las Naciones Unidas -que aconsejan la existencia de un  policía por cada 500 habitantes, mientras que en México existe uno por cada 1,300 habitantes-, y porque el actual presidente, lejos de fortalecer su guardia personal, desapareció la que existía, el Estado Mayor Presidencial.

Pero lo más importante es el tipo de ejército que existe en México. El ejército mexicano es una institución democrática. Y eso no es una afirmación demagógica. No está al servicio de ningún caudillo, ningún partido, ningún presidente. En cada cambio de gobierno, después de las elecciones, el ejército se pone bajo las órdenes del presidente electo por el voto popular. Así lo hizo con Vicente Fox, que llegaba abanderado por el PAN, después de derrotar a la hegemonía presidencial del PRI; con Felipe Calderón, que llegó al gobierno por el mismo partido, y con Enrique Peña Nieto, del partido que perdió el poder en el año 2000. En todos esos casos, el ejército se puso a las órdenes del presidente que llegó a su cargo por el mandato popular.

Y exactamente lo mismo está haciendo con Andrés Manuel López Obrador.