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El fuego en el birrete

De la corrupción nadie se salva. La lucha contra la corrupción es el ariete del actual gobierno contra los gobiernos del pasado. La corrupción es un mal que, si se extirpa de cuajo -se dice- permitiría un desarrollo sin precedentes en el país, ¿Por qué? Porque vista desde este ángulo, como un gigantesco desvío de recursos públicos hacia bolsillos privados, la corrupción es una rémora para el crecimiento económico, un lastre que impide que la nación utilice los recursos públicos en beneficio de todos. La corrupción es, entonces, un sistema ilegal y colosal de enriquecimiento de unos cuantos, una distorsión del reparto de la riqueza de la nación, y una palanca que si se utiliza de manera adecuada puede general un mayor crecimiento, una mayor prosperidad y un mayor Producto Interno Bruto. Sin corrupción, México podría dejar de ser un país en vías de desarrollo. Podría desarrollarse.

Nada de esto queda claro, porque no existen estadísticas  ni números confiables sobre los desvíos económicos que representa la corrupción. Mas aún, no está claro si la corrupción debe circunscribirse exclusivamente al desvío de recursos públicos hacia bolsillos privados.

Si aplicamos ese esquema a otros campos, como la corrupción en la policía o en el ambulantaje, las fronteras entre los recursos publicos y privados ya no son tan claros.

Y si consideramos a los jueces, menos.

En días pasados apareció en El Universal una muy importante entrevista con el Ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema fue la corrupción en el Poder Judicial. Por primera vez, la máxima autoridad del Poder Judicial acepta que existe corrupción entre los jueces. Con un tono bajo y mesurado, sostiene que la mayoría de los jueces en México son personas justas y honorables, pero acepta el hecho deplorable de que “el crimen organizado se ha infiltrado en el Poder Judicial”. ¿Y en qué lugar? Pues básicamente en su tierra natal, en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara. Eso significa que el narcotráfico local, esa organización tan temible llamada el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ya sentó sus reales en los tribunales para tener influencia en las sentencias.

Detrás de las tibias declaraciones del Ministro debe haber un pantano que todo lo devora. Y el tema apenas empieza a salir a la luz. Sin ser deportistas, los jueces son muy diestros en tirarse la pelota unos a otros. Existen sospechas, investigaciones en curso que llevan años, casos evidentes en los que los bienes de los jueces no corresponden a sus ingresos, posibles complicidades con despachos de abogados para favorecer ciertos casos o a ciertos clientes. Han habido destituciones. Sentencias que se emiten pero que no quedan firmes. Las que han quedado firmes son muy pocas. Entre los casos cuyas sen han sentencias han quedado firmes está el del magistrado que liberó al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán; el del juez que otorgó diversos amparos al Zar de los Casinos en Coahuila, y el que llevó el caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara, Jalisco.

Es la punta del iceberg. Pero en este caso el iceberg no es de aguas cristalinas.

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