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CIUDAD DE MÉXICO, 17JULIO2018.- Olga Sánchez Cordero, posible secretaria de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ofreció la ponencia “¿Olvido, verdad o justicia?”, en el Colegio de México.  FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Gobernación

La próxima Secretaria de Gobernación tendrá una labor atípica: asomar al país al territorio inédito de la justicia. Es una tarea ciclópea, que parece imposible para una mujer que parece sola, ya mayor de edad, pero con unas convicciones y una fuerza de voluntad que pueden darle un vuelco a la política de la dependencia que tendrá a su cargo.

Rodeada de académicos y poetas, y frente a un tumulto de madres y padres de jóvenes desaparecidos, Olga Sánchez Cordero dijo en un Seminario organizado por El Colegio de México que la atención a la víctimas de México sería el tema central de su política.

¿Atención a las víctimas? ¿Pues que no la Secretaría de Gobernación era el ombligo político de la nación, la superdependencia capaz de equilibrar las tensiones centrípetas de la República, la bisagra para mantener puertas abiertas con los gobernadores, el eje en el que giraban los partidos políticos, el muro de contención de la violencia política y las protestas sociales?

Todo indica que la Secretaría de Gobernación tendrá otras funciones. Dejará de ser el torniquete del presidente para tratar de detener las heridas regionales y someter las autonomías feudales de los estados, y se convertirá en una ventanilla abierta para los ciudadanos que buscan justicia. Y no solo la justicia administrativa, la procesal y la social, sino aquella justicia que se busca cuando los padres pierden a sus hijos.

México es una nación en guerra. Eso se dijo en esa reunión, y se dieron los datos de los muertos y desaparecidos en los últimos años. Y otras cifras más finas, como los ataques de los grupos del crimen organizado a las fuerzas armadas, las cantidades de soldados y policías muertos en combates, y las fosas clandestinas que no son solamente artilugios del narcotráfico, sino también de las fiscalías oficiales de las propias entidades federativas.

En la última década, el número de personas desaparecidas en el país ronda los 35 mil habitantes.

Y ahí estaba, en el Auditorio Alfonso Reyes, una parte representativa de ese dolor, docenas de padres de familia con la ya vieja exigencia de saber dónde están sus hijos.

Y ahí estaba, también, la próxima Secretaria de Gobernación, que se ha echado a la espalda una tarea que parece imposible: restituir en México una justicia que nunca ha existido.

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