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Los informales

En términos generales, el trabajo informal en México es visto como parte de una economía natural, un sistema que se acepta porque no puede asimilar la enorme cantidad de trabajadores que no pueden conseguir un empleo formal. Los trabajadores informales son estudiados de manera particular porque no pagan impuestos, y esto añade una deformación a un entramado laboral que no resulta el óptimo para la generación de ingresos y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores.

Pero ya nos acostumbramos. Los puestos ambulantes inundan las calles de las grandes ciudades, las capitales de los estados, las ciudades intermedias y los pueblos en crecimiento. Esos puestos afean el paisaje urbano y son una competencia desleal para los comerciantes legalmente establecidos, pero representan una tabla de salvación para todos los trabajadores que no encuentran trabajo y tienen que llevar el alimento a sus casas de cualquier forma.

La mayoría de los trabajadores mexicanos vive de la economía informal. Seis de cada diez trabajadores obtienen sus ingresos en la informalidad, y este sistema genera el 22.7% del Producto Interno Bruto de la nación.

Es, por decirlo de alguna manera, un mal necesario. Pero hay un ángulo dentro de la economía informal que no se pone en las mesas de discusión porque es un tema de doble filo. El hecho es que la informalidad descansa en un sistema amplificado de corrupción, porque para no pagar impuestos hay que pagar un determinado monto de dinero a los inspectores de vía, a la policía y a todas las autoridades que resguardan las vías públicas.

¿Y a dónde va ese dinero? A bolsillos privados, a construcción de viviendas irregulares, a pago de predios y a cualquier espacio que resulta muy ajeno a las tesorerías públicas.

La corrupción es una serpiente que se muerde la cola.

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