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Servicios públicos y desigualdad social

Los servicios públicos son una llave para reducir la desigualdad social de las naciones. Aulas con docentes. Centros de salud con personal médico. Grifos que funcionan y sanitarios limpios. Una pensión básica al final de una dura vida laboral. Igualdad en el acceso a la educación, los servicios de salud, el agua, las pensiones y las prestaciones por hijos a cargo, sin discriminaciones por razón de género, casta, etnia o discapacidad. Este tipo de servicios públicos y prestaciones sociales pueden convertirse en el motor de la igualdad y contribuir a cambiar la vida de las personas y desarrollar su potencial, además de ser una herramienta para mejorar la cohesión de las sociedades y reducir la brecha tanto entre ricos y pobres como entre mujeres y hombres.

Los servicios públicos tienen capacidad para dar libertad a las personas. La libertad que nace de no tener miedo a enfermar y a no poder recibir atención médica; la que nace de la alfabetización, ya que la falta de acceso a la educación impide a demasiadas personas ejercer una participación activa en la sociedad y progresar en su día a día; y la libertad de saber que recibirás apoyo si pasas dificultades y tu familia también.

Los servicios públicos y la protección social reducen la pobreza y la desigualdad. Los datos recabados de 150 países durante un periodo de más de 30 años ponen de manifiesto que, en términos generales, la inversión en servicios de salud, educación y protección social permite reducir la brecha entre ricos y pobres. Un reciente estudio sobre la situación en 13 países en desarrollo ha revelado que el 69% de la reducción total de la desigualdad se debía al gasto en educación y salud. También se ha revelado que, si todas las niñas y niños adquiriesen las competencias lectoras básicas al terminar su educación, 171 millones de personas podrían salir de la pobreza extrema. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha identificado que el gasto público en servicios de salud, educación y protección social es una de las herramientas más importantes de los Gobiernos para reducir la desigualdad y la pobreza. El conjunto de la sociedad se beneficiaría, ya que menos desigualdad implica también menos delincuencia, más confianza, mejor salud y vidas más longevas y felices.

Los servicios públicos tienen un enorme poder igualador, ya que permiten que todas las personas, independientemente de su patrimonio o sus ingresos, tengan la  oportunidad de llevar una vida digna. Los centros educativos pueden convertirse en lugares donde los hijos e hijas de familias ricas y pobres entablen amistad, derribando así las barreras de la desigualdad. Y los centros de salud pueden convertirse en lugares donde ricos y pobres puedan estar seguros de recibir la mejor atención sanitaria posible, independientemente de su situación económica.

Asimismo, los servicios públicos pueden reducir la desigualdad entre mujeres y hombres. La educación puede mejorar la confianza de las mujeres en sí mismas, así como sus oportunidades económicas y su poder de decisión. A su vez, unos servicios de salud gratuitos y de calidad son fundamentales para que mujeres y niñas puedan decidir sobre sus vidas, así como para mejorar sus perspectivas de salir de la pobreza y reducir sus probabilidades de morir a causa de enfermedades evitables. El suministro de agua corriente potable ahorraría a las mujeres todas las horas que emplean en ir a buscar ese agua, además de protegerlas frente a las enfermedades. Por el contrario, si los servicios públicos no cuentan con la financiación y la calidad suficientes y no tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y las niñas, pueden ampliar la brecha de género.

(Tomado del informe de Oxfam, enero 2019)

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