Corrupción e inseguridad

Son dos problemas coyunturales de México. Ambos han existido desde hace décadas, pero no conforman problemas históricos, como la desigualdad social y el subdesarrollo. En los últimos años se ha exacerbado, como producto precisamente de la desigualdad social y el subdesarrollo.

La inseguridad está íntimamente ligada a la desigualdad social y a la corrupción. La desigualdad social arroja diariamente a millones de jóvenes a los brazos de la delincuencia, porque no existen empleos bien remunerados ni una cultura que defienda los valores del tejido social y el Estado de Derecho.

La corrupción es una fuente inagotable de desigualdad social. El desvío de fondos públicos a bolsillos privados es parte de los usos y costumbres de un Estado en el que la violación de las leyes es producto del actuar en base a intereses en lugar de reglamentos. Es una acumulación originaria fácil de capital. Por eso muchos funcionarios acuden a sus cargos con la misión de enriquecerse en sus cortos periodos de gestión.

Pero esa no es la única forma de la corrupción. Otra vertiente se encuentra en las diferentes policías, que tienen salarios raquíticos y que necesitan mensualmente surtir de recursos a sus jefes. Por eso los policías son vulnerables a las compensaciones económicas del crimen organizado.

Por eso para acabar con la inseguridad hay que terminar con la corrupción de las policías. Hay que tener policías comprometidos con la población que protegen, bien pagados, orgullosos de su trabajo, sin la obligación de pagar parte de los sobornos a sus jefes.

Ese es un tema ineludible para los candidatos.

 

¿Quiere sentirse seguro?

Ante la inseguridad que se vive en el país, uno de los sectores mercantiles que han florecido dentro y fuera de la ley es el de las empresas que proporcionan seguridad privada a todo aquel que pueda pagarlo. En el país operan cerca de 8 mil empresas de este tipo, y la mitad son ilegales.

Una gran parte de estas empresas se dedican a la seguridad privada de las personas. Son escoltas que tuvieron puestos en la policía o en el ejército, y que pueden tener mejores salarios si se contratan como guardaespaldas de empresarios que se trasladan de casas a restaurantes o escuelas para dejar a sus hijos. O como escoltas de los propios hijos que van a lo antros.

Esta actividad, además de añadir nuevas filas de automóviles al tráfico citadino, en ocasiones crea nuevos problemas de inseguridad. Los guardaespaldas son gente con y sin escrúpulos, que en aras de proteger a sus patrones manejan los vehículos como si fuera escoltas imperiales, se estacionan donde quieren y pisotean los derechos de cualquiera. Guaruras, se les llama, por sentirse prepotentes y altivos con el poder de sus armas.

El otro lado de la moneda son los policías privados que viven como partes del mobiliario a las entradas de los comercios, las librerías y restaurantes. Son guardianes sin instrucción y sin recursos, de pie las 12 horas de su jornada laboral, con sueldos a la altura de sus funciones y sin prestaciones de ningún tipo. En ocasiones, son las primeras víctimas de los asaltos. Y rara vez protegen la seguridad de los clientes.

La seguridad privada es, a juicio de muchos, el único recurso para sentirse seguro. Para otros, es un tronco de salvación en las arenas movedizas del empleo formal. Pero lo cierto es que constituye un peldaño inferior en el abismo de la inseguridad que debería llenar el Estado.

Las palabras y los incrédulos

Ahora que el presidente Peña Nieto salió al paso de la crisis más grande que ha vivido el país desde la revolución de 1910, vale la pena tomar un respiro para ver en perspectiva la cuerda floja por la que caminamos.

La propuesta del presidente da en el blanco porque señala los puntos más débiles de nuestras estructuras políticas, sociales y jurídicas, y es por lo menos un avance discursivo que señala el camino para salir de nuestro laberinto. Es cierto que en el fondo del pantano se encuentra el atraso, la pobreza y la desigualdad social del país, y es momento de tratar de remolcar a tierra firme a los estados más atrasados de la República como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. También es cierto que México no es un país de leyes, y que tenemos que construir casi de cero una cultura compartida de respeto a la ley. El hecho de crear una serie de policías estatales unificadas es un primer paso. Otro paso es la creación de una ley para que las autoridades municipales no caigan en manos de la delincuencia.

Lo malo de todo esto es que, a estas alturas, ya nadie le cree al presidente. Y digo lo malo, porque solamente las pirañas que comen en río revuelto están ansiosas de ver en esta desgracia nacional una tajada de carne para sus ambiciones políticas, y porque a nadie conviene el desplome generalizado de las instituciones y el despeñadero hacia una violencia mayor a la que tenemos.

La gente no le cree al presidente no solamente porque sus enemigos han sabido con muy buen cálculo y puntería hacia donde golpear con fuerza, y porque el propio presidente no ha sabido frenar sus impulsos y deseos de ostentar una riqueza que resulta ofensiva en un mar de pobreza. En ese escenario, los proyectos de nuevas inversiones en energía, el nuevo aeropuerto o el tren a Querétaro se perciben como proyectos faraónicos que van a beneficiar a unos cuantos. Todos sabemos por las imágenes que vemos a diario que el sistema económico que tenemos en México es un engranaje feroz que arroja constantemente a millones de mexicanos al ambulantaje, la miseria y la criminalidad, pero no encontramos un mecanismo capaz de detener esa maquinaria.

Por eso el discurso del presidente fue visto como un prontuario de buenos deseos, pero nada más. Y eso es un riesgo mayor. Ya nadie cree en los discursos. Ya nadie cree en las palabras. Por eso, la tarea mayor de todos los mexicanos, en estos momentos, es recuperar la confianza.