Dentro de las prioridades que tendrá el próximo gobierno, la más urgente será la de la seguridad de los ciudadanos. Las cifras no se repiten suficientemente en los medios, pero en términos de homicidios por habitante, el INEGI registró a mitad del presente año la tasa más elevada del país en una década: 25 crímenes por cada 100 mil habitantes. Eso significa, en escala global, que México se encuentra aún por debajo de Siria -que ocupa el primer lugar de asesinatos en el mundo- pero por encima de Irak y Afganistán.

En este año de cambios -2018- la tasa de homicidios sigue en ascenso. Hasta junio la misma fuente reportó un nuevo récord semestral de 16,000 asesinatos en toda la República. Esa cifra, de manera aislada, califica a México para declararlo una nación en guerra.

Los crímenes obedecen, en su inmensa mayoría, a las ejecuciones y enfrentamientos entre diferentes bandas del crimen organizado. Y durante mucho tiempo, esa noción se ha considerado como una explicación paliativa, una especie de división del daño en la conciencia de la ciudadanía. Según está visión, el narcotráfico no es parte de la ciudadanía. Son bandas criminales que se pelean entre ellos. Si uno no se mete en sus terrenos, puede salvar el pellejo. Y si cualquiera consume mariguana, ese simple acto no forma parte de la guerra del narco. Es un acto privado, no un consumo que colabora en la gestión del gran mercado.

En este contexto de simplificaciones, además, se cree que los asesinatos de los civiles representan bajas colaterales de los enfrentamientos. Y que basta con el hecho de legalizar las drogas -especialmente la mariguana- para que el problema desaparezca.

Sin embargo, el problema se ha complicado nacional e internacionalmente. En México los cárteles de la droga han puesto a las policías a su servicio. La Policía Federal, y sobre todo las policías estatales y municipales, reciben sueldo del narcotráfico. Por eso es necesario, en primer lugar, actuar con las policías. Y la declaración del presidente electo de contratar a 50 mil policías en un primer paso para una solución.

México tiene solo el 50% de los policías que requiere. Para cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas -casi 2 policías por cada mil habitantes- el país requiere de 100 mil policías más.

Y lo más importante: policías capacitados, bien pagados y en contacto permanente con la población.