En algunas comunidades indígenas de México, el derecho al aborto está prohibido. Su práctica se considera una falta del más alto rango. Por eso Aurelia García Cruceño, una indígena nahua del pueblo de Xochicalco en el municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, fue violada y encarcelada por haber tenido un aborto involuntario. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada.

En su pueblo, su delito se denomina homicidio por razón de parentesco. Fue sentenciada a 3 años y 4 meses de prisión, y encarcelada en una prisión de Iguala.

Ahora después de cumplir su sentencia, Aurelia podrá cumplir su sueño: ser maestra en su comunidad para enseñarle a leer a los niños.

El hombre que la violó, quien era el comisario ejidal de la zona, sigue libre.