En los países en guerra, el hombre de paz es un blanco que capta los disparos por todas las partes. Eso es lo que ocurre en Colombia, donde Leyner Palacios (en la fotografía) un defensor de la paz, enfrenta constantes amenazas de muerte.

El más reciente mensaje amenazante llegó en febrero, cuando a Palacios, de 47 años, le advirtieron que tenía 12 horas para abandonar la región de la costa del Pacífico de Colombia, donde nació, para que “no volviera nunca más”.

La última vez que recibió una advertencia similar, en marzo de 2020, uno de sus guardaespaldas fue asesinado. Es por eso que Palacios, quien sirvió en la Comisión de la Verdad de Colombia, anunció en Twitter que iba a esconderse un tiempo.

“No quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado”, escribió. “He comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio”.

La comisión compuesta por 11 miembros pasó cuatro años investigando todos los aspectos del conflicto de Colombia entre las fuerzas gubernamentales, las guerrillas de izquierda y los grupos paramilitares de derecha, en un periodo que va desde 1958 hasta 2016.

El informe final de la comisión, emitido en junio del año pasado, determinó que 450.000 personas murieron en los combates —el doble de los cálculos anteriores— y emitió una crítica demoledora sobre la forma en que muchos colombianos fueron tratados como enemigos internos por parte de las fuerzas de seguridad. El informe recomendó cambios radicales en las fuerzas policiales y militares del país, incluido el fin de la relativa impunidad con la que se habían acostumbrado a actuar.

Si bien Palacios afirmó que quería que la comisión revelara lo que les había sucedido a todas las víctimas, su papel fue centrarse en el impacto del conflicto en las poblaciones indígenas y afrocolombianas del país.

Ahora las amenazas en su contra se han multiplicado.

En efecto, la guerra no tolera a la paz.