No es solo Guerrero. Tampoco Michoacán. Ahora Tamaulipas parece querer montarse en la cresta de la violenta ola que recorre el país, y que ha presentado a México como uno de los focos rojos a nivel internacional, a la par de el ébola y el Estado Islámico.
Los últimos acontecimientos llamaron de inmediato la atención del gobierno federal. En Matamoros, la alcaldesa Leticia Salazar pidió la intervención de las fuerzas del gobierno federal ante una situación insostenible de enfrentamientos permanentes. En unos cuantos días se produjo un ataque a una televisora local, y los tiroteos entre bandas y fuerzas policíacas arrojaron un saldo de 14 muertos un fin de semana. En Nuevo Laredo, la Universidad del Valle de México tuvo que cerrar sus puertas ante la amenaza permanente del crimen organizado. En Reynosa, un enfrentamiento entre fuerzas armadas y civiles armados arrojó un saldo de cuatro muertos. En Río Bravo, los enfrentamientos dejaron otros tres jóvenes sin vida. La semana pasada el Secretario de Gobernación fue a Matamoros para establecer ahí la sede de la Coordinación de Seguridad Zona Frontera, donde confluyen fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el CISEN y la policía federal.
Desgraciadamente, la violencia no ha cesado. Aparentemente se debe a una nueva disputa entre los grupos de narcotraficantes, una vez que uno de ellos sufrió el descabezamiento de sus líderes. Pero en el fondo se trata de algo mucho peor: la incapacidad del Estado de retomar el control del territorio y la población en aquellas zonas donde las bandas criminales han sentado sus reales.