Desde hace tiempo sabemos que el narcotráfico quiere suplantar las funcones del Estado y los gobiernos en muchos campos. Lo hace a sangre y fuego, como es su costumbre. Así vende seguridad a los ciudadanos, abre caminos en zonas incomunicadas, establece clínicas y hasta construye iglesias. Por eso hay grupos y comunidades enteras que apoyan a los narcos. Al Chapo, por ejemplo.

En Michoacán los grupos de narcotraficantes han cobrado un tipo de impuestos que muchos llaman derecho de piso, que es un pago forzoso para todos los sectores productivos. O pagas impuestos o te mueres, dicen, y por eso los que no deciden emigrar a otros estados tienen que pagar un impuesto a la sistema tributario de los delincuentes.

Los costos son enormes. Según una investigación de la Universidad Michoacana de San Nicolán de Hidalgo, se elevan a más de 8 mil millones de pesos en cuatro meses. Este pago forzado afecta principalmente a los agricultores, que pagan más del 90 por ciento de esa cifra. Pero nadie se escapa de las extorsiones. El comercio pagó 270 millones de pesos en ese lapso; los hoteles, 84 millones; los municipios 83 millones y los restaurantes 10 millones.

Con este sistema de infamia, hasta la economía informal paga sus impuestos.