Tenemos frente a nosotros la oportunidad para que se completen los nombramientos faltantes para completar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y dotar de todos los recursos que le han escamoteado a su Comité de Participación Ciudadana (CPC).

El pasado domingo sucedió lo que muchos veían como un imposible. Tras dos intentos fallidos la mayoría de los votantes de nuestro país depositaron su confianza en Andrés Manuel López Obrador para asumir la presidencia de la república, a finales de este año.

Mucha tinta, saliva y sudor ha corrido desde el inicio de la campaña, pero al final se confirmaron las tendencias de las encuestas, el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia fue tan contundente que en menos de una hora sus tres contendientes habían ya reconocido su triunfo.

Las cifras que el PREP fue presentando a lo largo del 2 de julio lo confirmaban. Algo parecido sucedió con las elecciones para el Congreso, las nueve gubernaturas y las alcaldías de la capital. Morena salió triunfante en la mayoría.

Esto otorga al gobierno que encabezará Andrés Manuel una oportunidad histórica. El capital político que al iniciar su mandato es comparable en lo cuantitativo a las épocas del carro completo priista, a lo que se suma una extraordinaria legitimidad surgida de los votos ciudadanos y un margen de maniobra que le permitirá aprobar sus proyectos y políticas en el congreso.

Todo esto, derivado del logro “imposible” de la victoria obradorista nos permite imaginar que México podría realizar otros objetivos más, como el combate a la corrupción.

Uno de los ejes del discurso de campaña de Obrador giraba alrededor de acabar con la corrupción y recuperar hasta 500 mil millones de pesos anuales que México perdía por este flagelo. De igual forma, una de las grandes críticas que se le hizo durante la contienda fue que se necesitaba mucho más que simple voluntad para poder lograrlo, se necesitaban políticas de estado y planes concretos.

Imaginemos que dentro de los 100 días iniciales de su Gobierno Andrés Manuel envía las propuestas de los magistrados anti corrupción y permite que los fondos lleguen al CPC, el cual ha surgido del intento de asfixia económica por parte del gobierno de Peña Nieto.

¿Imposible?, no lo creo. Solo hace falta voluntad política.

Es más, lo mejor que podría pasar sería que el nuevo presidente de México enviara al nuevo Congreso, compuesto por una mayoría favorable, una propuesta de ley para ampliar y profundizar el SNA y después buscar la aprobación expedita de los magistrados y, de ser necesario reconformar el CPC.

De este modo podría iniciar con el pie derecho el cumplimiento de lo que dijo en su discurso triunfal en el Zócalo, hacer pagar a todos los que realicen actos de corrupción, añadiendo que les taparía la boca a los críticos de su idea de barrer la escalera de arriba abajo.

Sin duda, todo gobierno que inicia permite realizar acciones novedosas y corregir el rumbo para que el país mejore. Sin embargo, en la historia reciente de nuestro país han existido muy pocas oportunidades de la claridad que tenemos enfrente para lograrlo.

Esperemos que la revolución de las conciencias y la cuarta transformación histórica de México sean también los eventos creadores de una nueva época de combate efectivo a a la corrupción y la impunidad, algo “imposible” de pensar hasta ahora.