El nuevo tratado de libre comercio recién firmado entre México, Estados Unidos y Canadá tiene, de entrada, dos capítulos muy favorables a México: uno se refiere al paulatino incremento salarial para los trabajadores mexicanos de la industria automotriz, y el otro al tema de la lucha contra la corrupción en los intercambios comerciales entre las naciones firmantes de acuerdo.
El tema de la disparidad de salarios es vergonzoso para México. Porque mientras en nuestro país el salario mínimo se mantiene en los $4.7 dólares por día, en la industria automotriz de Estados Unidos los trabajadores ganan 16 dólares por hora. Si se hiciera una igualdad a rajatabla, el salario para los trabajadores mexicanos sería superior a los 64 mil pesos mensuales, algo semejante a la percepción de los gerentes del sector farmacéutico. Esto no se llevará a cabo, por supuesto, pero los trabajadores mexicanos del sector verán incrementados sus salarios notablemente en los próximos años. Y eso puede ser una catapulta para los aumentos salariales en todos los sectores y en todo el país.
Sobre la lucha anticorrupción, el nuevo acuerdo obliga a las partes a adoptar legislaciones que castiguen el ofrecimiento o la solicitud de beneficios indebidos para algún funcionario público o que afecten al comercio internacional o la inversión. En este nuevo apartado, se incluyen también la malversación de recursos y el peculado, delitos antes no considerados. El documento señala que las partes deben mantener o adoptar medidas para seleccionar y capacitar a los funcionarios públicos, principalmente a los que están en puesto vulnerables a la corrupción; deben promover la transparencia en el ejercicio de la función pública, así como identificar y gestionar posibles conflictos de intereses.
Además, el nuevo tratado establece que las partes deben generar medidas para proteger a los denunciantes, es decir cualquier persona que, “de buena fe y por motivos razonables”, informe a las autoridades competentes cualquier hecho relacionado con los delitos de corrupción. y las partes se comprometen a incentivar a las empresas para prohibir los pagos de facilitación, es decir sobornos, y a tomar medidas para crear conciencia entre los funcionarios para no aceptar estos pagos indebidos, teniendo en cuenta que esto puede tener consecuencias graves.
Las partes adoptarán medidas apropiadas para incentivar la participación de ciudadanos y grupos fuera del sector público, como empresas, sociedad civil, y organizaciones no gubernamentales en la prevención y lucha contra la corrupción en asuntos que afectan el comercio o la inversión internacional, y para aumentar la conciencia pública sobre la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción. Por ejemplo con campañas informativas y programas de educación anticorrupción o esquemas en donde las organizaciones trabajen con las empresas en el desarrollo de controles internos, ética y programas de cumplimiento o medidas para prevenir y detectar el soborno y corrupción en el comercio internacional y la inversión.
En pocas palabras, el capítulo anticorrupción del nuevo tratado habla de la lucha que ha desarrollado en sus postulados el Sistema Nacional Anticorrupción de México.
Nadie esperaba que surgiera este nuevo aliado, pero su presencia es bienvenida por todos.