Sin ningún golpe de Estado de por medio, en Brasil el ejército llegó al poder el primer día del presente año. Su candidato, el Capitán de Artillería Jair Bolsonaro, ganó la presidencia por amplio margen, y ahora dicta sus órdenes inatacables desde el Palacio de Planalto en Brasilia. Todo está revestido del ropaje democrático que acarreó el proceso electoral, aunque el candidato del Partido del Trabajo, el popular Luiz Inacio Lula da Silva, haya quedado fuera de los comicios.

El ejército gobierna a través de Bolsonaro y su equipo gubernamental. El gabinete cuenta con el general Hamilton Mourau como vicepresidente, y cuatro generales destacados en la Secretaría de Gobierno, el gabinete de Seguridad Institucional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Minas y Energía. Además hay una pastora evangelista en la Secretaría de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, y en Justicia y Seguridad Pública se encuentra el célebre Juez Sergio Moro, quien fue el encargado de la persecución de la red de corrupción conocida como Java Lato, además del encarcelamiento de Lula da Silva.

Hace un par de días, el presidente Bolsonaro aprobó una ley para levantar la prohibición de portar armas en Brasil. Con esa medida, el país se convierte en el espejo de la libertad de comprar todo tipo de armamento en Estados Unidos. «El pueblo decidió que quería comprar armas y municiones. No podemos negar el derecho a la legítima defensa», indicó Bolsonaro. La nueva ley indica que cualquier ciudadano mayor de 25 años podrá tener en su domicilio hasta 4 armas diferentes.

Varias organizaciones sociales condenaron la medida, señalando que con ella la inseguridad pública llegará a niveles nunca antes vistos. En un manifiesto firmado hace unos días, una decena de organizaciones y movimientos sociales -entre ellas el Foro Brasileño de Seguridad Pública-, consideran que la flexibilización de la posesión de armas «solo traerá más inseguridad. Estudios brasileños e internacionales muestran que el aumento de la circulación de armas de fuego se relaciona con una mayor incidencia de homicidios cometidos con dichas armas», señala el texto.

Y acaba de salir a la luz un dato que contradice las declaraciones gubernamentales. Según un sondeo reciente de la firma Datafolha, un 61% de los brasileños considera que la posesión de armas de fuego debe ser prohibida, pues representa una amenaza a la vida de otras personas.