El nombre de Ayotzinapa refiere el caso más lamentable y vergonzoso del crimen y la corrupción en México. Los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que fueron atacados por la policía municipal la noche del 26 de septiembre de 2014 y fueron entregados al grupo criminal de Guerreros Unidos se han convertido en el símbolo de una nación tapizada por la violencia y la impunidad.

Aún no se sabe a ciencia cierta qué sucedió con ellos. El fiscal general del gobierno de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, afirmó que los estudiantes fueron asesinados y sus restos incinerados en el basurero del pueblo de Cocula, lo cual fue acuñado como «la verdad histórica» de los hechos.

Sin embargo, los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron esta teoría oficial, diciendo que no era científicamente posible. Los familiares de las víctimas también han rechazado esta versión, y han demandado a gritos en diversas manifestaciones que se sigan todas las líneas de investigación.

Y tienen razón. México no podrá ser una nación confiable -ni para los mexicanos ni para nadie- mientras el caso de Ayotzinapa sea una herida cuyo sangrado no cesa ni con el paso de las autoridades y los años.