El caso de Ayotzinapa sigue cimbrando a México. Además de la terrible desaparición de los 43 estudiantes que fueron entregados por la policía municipal a una banda del narcotráfico, la marea de corrupción que se desató llega hasta nuestros días, y la justicia no puede proceder cabalmente mientras sigan contando las bolsas de dinero que se reparten de manera silenciosa para que no se aclare nada.

En días pasados, salió a la luz pública el caso de una jueza que declaró la libertad a José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, un cabecilla señalado por ordenar la ejecución de los estudiantes hace más de un lustro. Este sujeto estaba en la cárcel principal del Estado de México, en Almoloya de Juárez, y la madre del  recluso entregó dinero a los trabajadores del juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en el Estado de México para liberarlo. Una jueza dictaminó que había fallas de procedimiento en el caso, y que no había fundamento legal para mantenerlo en prisión.

Afortunadamente, la Fiscalía General de la República se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, y detuvo la liberación del sujeto interponiendo un nuevo recurso. El Mochomo obtuvo su libertad, pero no puso un pie en la calle.

El tema fue tan alarmante que llegó a la conferencia mañanera del presidente, y ahí el jefe del Ejecutivo prometió que se ventilarían todos los hilos sueltos del caso. Hubo fuertes sumas de dinero para promover la liberación, por supuesto. «Fueron varios millones», declaró el Fiscal Alejandro Gertz Manero. Es un caso como muchos.