La tragedia de Ayotzinapa ha sacudido desde sus cimientos a la estructura política del país, y ha puesto a México nuevamente en la palestra de la prensa internacional, como un ejemplo de un país gobernado por la barbarie.
En el interior del país, el PRD está de cabeza, el gobernador de Guerrero ya no sabe dónde meterse, y el presidente Peña Nieto tiene la sospecha de que la desaparición de los normalistas y el contubernio de la policía y las autoridades de Iguala con los narcotraficantes sea la nube que llegue a opacar el espíritu de las reformas, los acuerdos políticos que parecían imposibles y la imagen de México como una nación proyectada hacia el futuro. Con lo sucedido en Iguala, México se ha movido, evidentemente, pero hacia atrás.
El prestigio que México había ganado a nivel internacional, con una política exterior agresiva y certera, se ha derrumbado de golpe. ¿Cómo colaborar en las misiones de paz con los cascos azules de las Naciones Unidas, si en el interior del país nuestra policía es capaz de secuestrar y seguramente asesinar a un grupo de jóvenes normalistas? El simple nombre de Iguala, después de lo sucedido, ahora espanta a cualquiera.
México se ha convertido, gracias a los encabezados de la prensa internacional, en un nuevo espantajo de la violencia, puesto en el mismo barandal en el que acecha el terrorismo del Estado Islámico o en el costal donde yacen los muertos por el ébola. La noticia ha sido difundida escandalosamente por el New York Times, Le Monde, la BBC de Londres. La revista Time dice que ¨la atrocidad cometida en Iguala revela la corrupción policíaca en México.”
A mí, como creo que nos sucede a todos los mexicanos, no me gusta que algún extranjero venga a decirme que el país es un lodazal de corrupción. Que toda la policía está comprada por el narcotráfico. Yo pienso que es una exageración. Estoy seguro que la penetración del narcotráfico en el ejército, en la armada y en la policía federal es mínima, son casos excepcionales. Pero cuando uno revisa la composición de la policía esa visión cambia. Porque resulta que del medio millón de policías que tenemos en el país, cerca del 90% de los cuerpos son policías estatales y municipales.
Y entonces cabe la pregunta: ¿qué porcentaje de policías estatales y municipales está comprando por el narcotráfico? Prefiero no contestar. Me duele pensar que la prensa internacional haya hecho de esto un escándalo. Pero resulta que el escándalo lo hemos hecho nosotros.