Luis Inacio Lula da Silva, el popular político brasileño Lula, se encuentra con un pie en la cárcel. Y con el otro en la Presidencia de Brasil. Como candidato al más alto cargo de su país, Lula tiene el porcentaje más elevado de los votantes para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Y como acusado de corrupción, acaba de perder ante la corte una apelación, de manera que el próximo 4 de abril la Suprema Corte de la Nación decidirá si el inquieto expresidente puede continuar su campaña para repetir el cargo, o pasar 12 años en prisión.

La acusación que pesa sobre Lula es la de haber recibido un departamento de lujo valuado en 755 mil dólares de una constructora llamada OAS. Los fiscales arguyen que ese soborno es parte de una operación de mayor calibre que involucra a la empresa petrolera Petrobras. Los abogados de Lula juran que el expresidente nunca fue dueño de ese departamento, y que se trata de una maniobra sucia para sacarlo de la carrera presidencial.

Si Lula sale de la contienda, abrirá el camino para que Jair Bolsonaro, un ultraderechista defensor del ejército y la violencia contra los migrantes, llegue a la silla presidencial.

De manera que en esta ecuación tan compleja se juega el futuro de los jueces y la justicia brasileña, la credibilidad de los abogados y fiscales, la limpieza o la corrupción de los políticos y, si acaso alguien lo olvida, la presidencia del país más poderoso del Cono Sur.