Para algunos autores y varias organizaciones sociales de todo el mundo, la corrupción de las naciones se encuentra anidada en la madeja de la violencia social de las localidades. Desde esta perspectiva, la corrupción no se entiende solamente como la visión más común y corriente -la que habla del desvío de recursos públicos hacia bolsillos privados-, sino también la corrupción de las fuerzas del orden que se coluden con el crimen organizado por sus bajos salarios o porque no les queda de otra.

En un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una funcionaria con una visión radicalmente opuesta a los desfiguros de Donald Trump -llamada Maureen Meyer- sostiene que la corrupción es una plaga que pone en peligro los procesos electorales en México, fomenta la violencia en todos los órdenes, profundiza las desigualdades sociales, mantiene estancado el desarrollo económico y permite el pisoteo de los derechos humanos de la población.

El informe afirma que las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, una entidad encargada de coordinar los esfuerzos contra la corrupción a nivel federal y estatal, fueron anunciadas con grandes expectativas. «Sin embargo, ha habido poca voluntad política para darle al sistema los recursos y la independencia que necesita para ser efectivo. El Senado de México aún debe nombrar a varios actores clave en el sistema, y aunque las reformas requirieron que los estados implementaran sus propios sistemas anticorrupción a más tardar en julio de 2017, la mayoría de los estados aún no lo han hecho. Además, el comité compuesto por líderes de la sociedad civil, conocido como el Comité de Participación Ciudadana (CPC), juega un papel importante en la supervisión e implementación del nuevo sistema anticorrupción, pero los miembros del Comité dicen que el gobierno ha socavado consistentemente sus esfuerzos para hacerlo. «El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción solo ha demostrado coordinación al actuar en mi contra», dijo la anterior presidenta del Comité, la Dra. Jacqueline Peschard. 

En esas condiciones, y ante el descrédito de las actuales autoridades por hacer funcionar el sistema, la próxima administración deberá mostrar la voluntad política para que la política anticorrupción sea verdaderamente exitosa. Y además de predicar con el ejemplo, tendrá que tomar medidas frente a la creación de un verdadero Estado de Derecho, la legislación actual de contrataciones públicas, la transparencia en todos los procesos, la independencia de los contralores, la rendición de cuentas, la capacitación de la policía, sus vínculos con la ciudadanía y la creación de un nuevo tejido social.

No es poco. Ni es fácil.