En El Salvador, la población prefiere tener a un presidente autoritario y represor en lugar de un estado de violencia permanente. En las últimas semanas, han sido encarcelados más de 18.000 salvadoreños después de que un repunte de los asesinatos en marzo llevó al gobierno a declarar un régimen de excepción, suspendiendo los derechos civiles garantizados por la Constitución y permitiendo que niños de hasta 12 años sean juzgados como adultos por pertenecer a una pandilla.

La violencia ha lanzado a muchos salvadoreños a recorrer más de 1600 kilómetros hasta la frontera de Estados Unidos, en busca de paz y mejores condiciones de vida.

Otros, los que se quedan, prefieren vivir en una dictadura que en un estado de violencia permanente. En una encuesta reciente, el 91 por ciento de los encuestados aprobó las medidas de seguridad del gobierno.

Aunque el miedo a las detenciones arbitrarias se ha extendido por todo el país, muchos siguen convencidos de que es perfectamente legítimo que el gobierno tome medidas extremas para aplastar a las pandillas que los atormentan.

De hecho, mucho antes de que el presidente Nayib Bukele (en la fotografía) declarara el estado de emergencia, las libertades básicas ya estaban pisoteadas en gran parte del país. La única diferencia es que antes no era el gobierno el que mandaba. Eran las pandillas.

En muchos de los pueblos más pobres de El Salvador, las pandillas son la máxima autoridad. Solo ellas deciden quién puede entrar y a qué hora, qué emprendedores pueden abrir un negocio y cuánto deben pagar, quién vive y por cuánto tiempo.

Las pandillas incluso intervienen para resolver las disputas entre cónyuges o vecinos, imponiendo su propio estilo de ley y orden.

Bukele se ha empeñado en difundir su mano dura en las redes sociales, jactándose de negar a los presos la luz del sol y de racionar su comida. En Twitter, ha publicado videos de guardias de prisión que empujan a varios hombres tatuados al suelo, y reclusos a los que se les sirven porciones diminutas de comida.

Marvin Reyes, quien lidera un sindicato policial, dice que los agentes han recibido instrucciones de sus superiores para cumplir “una cuota diaria de detenciones”. 

La vida en El Salvador se ha convertido en el vestíbulo del infierno.