El tema del Fiscal General de la República ha sido uno de los más debatidos en México en los últimos tiempos. Desde su nacimiento, el titular de la Procuraduría General de la República ha sido el miembro del Poder Ejecutivo encargado de investigar y perseguir los delitos de orden federal, y de buscar uno de los valores que en nuestro país ha brillado por su ausencia: la justicia.
En las últimas décadas, las críticas a la PGR se han centrado en la falta de investigaciones, el burocratismo solapador, la inactividad y en ocasiones complicidad de la policía, la persistente falta de resultados. Cada nuevo Procurador ha declarado que al llegar a la dependencia encuentra una institución en ruinas.
En los últimos años, también, muchas organizaciones sociales han levantado la bandera de lograr la independencia del Fiscal en relación al titular del Poder Ejecutivo, tal y como existe en otros países. En su lógica, una Fiscalía que sea propuesta y puesta por el Presidente de la República siempre será un organismo sin autonomía, y estará incapacitada para llevar a cabo sus funciones cabalmente.
Sin embargo, las modificaciones a la legislación para que el país tenga una Fiscalía independiente, sin la intervención del Ejecutivo, no se llevaron a cabo. En ese contexto, acaba de publicarse la noticia de que el Senado ya cuenta con una lista de candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General de la República. Algunos nombres resultan muy familiares. Por ejemplo, el exprocurador capitalino Bernardo Bátiz, que ocupó su cargo cuando el actual presidente era jefe de gobierno del Distrito Federal. O Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox y actual encargado de despacho de la Fiscalía General de la República.
Pero también está en la lista Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado experto en temas fiscales y actual miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de un candidato que reúne con creces las condiciones requeridas para el cargo, y además es un abogado sumamente preparado e independiente. Su lealtad mayúscula es con el cumplimiento de la ley. No responde a intereses políticos ni económicos de ninguna índole. Sería un Fiscal que, aún siendo elegido entre las propuestas del Presidente y del Senado, sería capaz de actuar en contra de dichas figuras si alguna de ellas infringe la ley. Parece una paradoja, pero sería el primer Fiscal que, siendo electo bajo el marco legal que se quiso cambiar para lograr la autonomía del cargo, sería un Fiscal independiente.