Jair Bolsonaro, el diputado ultraderechista que tomó las riendas de Brasil a finales del año pasado, enfrenta el primer reto serio de su mandato. Su hijo mayor está acusado de corrupción. Y la lucha contra la corrupción fue, precisamente, la bandera que lo llevó a la presidencia.

El juez que preside el Supremo Tribunal Federal de Brasil revirtió una orden con la que se había suspendido una investigación contra Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente. El caso en contra de Flávio comenzó a desarrollarse en diciembre de 2018, cuando varios investigadores financieros de la federación descubrieron que 1,2 millones de reales (alrededor de 327.000 dólares) habían sido transferidos hacia una cuenta bancaria de Fabrício Queiroz y poco después movidos a otra cuenta durante 2017. En ese momento, Queiroz era el chofer contratado por Flávio Bolsonaro, que en ese entonces era diputado local de Río de Janeiro.

Uno de los hilos de la pesquisa señala que una parte del dinero transferido terminó a nombre de Michelle Bolsonaro, la actual primera dama. Jair Bolsonaro, el presidente, ha declarado que las transacciones se deben a que Queiroz le estaba volviendo a pagar un préstamo a Michelle. Pero esa declaración no ha resultado del todo creíble.

Los fiscales de Río de Janeiro que investigan el caso han rechazado hacer comentarios por tratarse de un proceso en curso, pero la sugerencia hecha por expertos y críticos es que las transacciones, como solían suceder cerca de la quincena, podrían deberse a una práctica ilegal aunque común en Brasil: la contratación de empleados “fantasma” -así como las empresas-, que no se presentan a sus labores, pero que están en las nóminas con el fin de transferir sus  sueldos.

Además, las autoridades investigan 48 depósitos hechos en efectivo en cinco días de un mismo mes a la cuenta de Flávio Bolsonaro.

El hijo del presidente ha negado haber cometido cualquier ilegalidad y dijo que los depósitos y transacciones eran el pago por una propiedad que vendió.

En octubre, cuando fue votado al Senado de Brasil, Flávio dijo que no estaba en investigación y que estaba dispuesto a reunirse con los procuradores. Pero en enero cambió de parecer y apeló ante el Supremo Tribunal Federal para pedir que se congelara la pesquisa, con el argumento de la inmunidad política que tiene como senador.

Eso es un dolor de cabeza para su papá.