Los críticos del Instituto Nacional Electoral están afilando espadas. Con el tema de la defensa de la libertad de expresión, alzaron sus beatíficas voces para criticar los mensajes del Instituto que se transmitieron en la visita del Papa Francisco, y protestaron airadamente cuando se les pidió no hacer propaganda política en relación a la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Pero detrás de la defensa de la libertad de expresión se oculta la intención de revertir la reforma electoral de 2007, que les quitó a las televisoras grandes cantidades de dinero en fechas electorales. Las empresas de radiodifusión, especialmente las televisoras, habían adquirido una enorme influencia política, gracias al poder inherente a los medios de comunicación de masas, pero  también por la enorme concentración que ha definido a esos medios en México. Dos empresas manejaban alrededor del 94% de las frecuencias de la televisión comercial. Las reglas para la propaganda electoral incrementaban ese poder al nutrir a los medios más influyentes con grandes montos de dinero público y al obligar a los partidos a buscar precios y horarios convenientes para sus anuncios de campaña.

Los partidos gastaron por lo menos 1984 millones de pesos en la contratación de spots durante las campañas de 2006. De ese dinero 770 millones de pesos fue destinado a comprar espacios en Televisa, y 358.3 millones de pesos en TV Azteca. No son sumas a las que se renuncia fácilmente. Por eso ahora, como punta de lanza de las televisoras, los críticos del INE se envuelven en la bandera de la libertad de expresión antes de arrojarse al vacío. Saben que caerán sobre blandito.