Eso que fue una promesa de campaña de Donald Trump se ha convertido en un obstáculo para que el gobierno de Estados Unidos siga funcionando como tal. Hasta hoy han cerrado sus puertas los departamentos de Estado, Agricultura, Hacienda, Vivienda, Transporte, Defensa, Comercio y Justicia, así como el Museo Smithsonian y los parques nacionales. Hay aproximadamente 420 mil trabajadores del Estado que continúan laborando sin recibir sus pagos correspondientes. Les han dicho, de mala gana, que después los recibirán.

Trump ha dicho que se siente orgulloso con la medida, y exige del Congreso un desembolso adicional de 5 mil millones de dólares para edificar el muro. The New York Times ha hecho un recuento general del estado que guarda el muro a lo largo de la frontera. Señala que al occidente de El Paso, donde los terrenos son federales, el gobierno de Estados Unidos ha construido aproximadamente 1,126 kilómetros de barda, y que el proyecto de Trump puede llegar a costar 25 mil millones de dólares. En San Diego ya se están probando varios tipos de nuevos  muros, que van desde los 5 hasta los 9 metros de altura. Los existentes tienen 3 metros de altura, y se ubican en áreas densamente pobladas. La patrulla fronteriza se compone de más de 16 mil policías, y se concentra sobre todo en las zonas que se extienden por las ciudades de San Diego, El Paso, Tucson, Laredo y McAllen. Existen 25 puntos de pasos fronterizos a lo largo de la línea, y en algunos de ellos -como en Nogales- se han encontrado túneles para el paso de armas y drogas.

A pesar de que el flujo de indocumentados ha descendido en lo que va del siglo, fuentes oficiales apuntan que el número de trabajadores ilegales mexicanos en Estados Unidos pueden ser más de 8 millones.

Por eso, y porque la economía al norte del Río Bravo se desplomaría sin la mano de obra de mexicanos indocumentados, lo que es preciso llevar a cabo es un tratado para regular el paso de los mexicanos, y no el levantamiento de un muro para impedirlo.