Ante la campaña desatada desde el oficialismo, sectores de la Iglesia, comentaristas y aún precandidatos y sus organizaciones en contra de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, queremos expresar lo siguiente:

El Instituto Nacional Electoral es una institución central para los mexicanos. No es posible explicar los grandes cambios políticos que ha vivido el país en el cruce de siglos (especialmente la alta competitividad electoral y el pluralismo efectivo en los gobiernos y Congresos de todo nivel) sin el trabajo de esa institución.

El INE ha hecho posible –por primera vez en nuestra historia- la experiencia democrática, es decir, el cambio de gobiernos de manera pacífica. Los largos años del autoritarismo vaciaron de significado el concepto de la “defensa de las instituciones” para convertirlo en un eslogan de defensa a priori de ese régimen autoritario, en el cual a las instituciones se les veía como espacios vacíos de personas, funcionarios y ciudadanos. Hoy, la defensa institucional del INE significa el reconocimiento de sus contribuciones a la convivencia electoral civilizada y a un orden político-electoral plural, inclusivo, que garantiza lo esencial: el respeto a la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas.

Esa institucionalidad es posible gracias al esfuerzo sostenido de miles de mexicanos y funcionarios que se comprometen con la legalidad, la certeza y la transparencia de las tareas y decisiones del INE, institución encabezada por ciudadanas y ciudadanos que fueron designados como consejeros generales por absoluta unanimidad o por amplio consenso de las mismas fuerzas políticas que integran el Congreso.

La campaña en contra del INE y sus consejeros omite un dato esencial: la pluralidad real de su composición. No hay decisión que no sea intensamente discutida, desde puntos de vista muy diversos. Tal y como se demostró en las decisiones de fiscalización de las elecciones recientes, el Consejo General construye mayorías atentas a la evidencia demostrable y a las razones y argumentaciones de sus integrantes. Las decisiones de una institución seria no puede sino basarse en pruebas claramente demostradas.

Queremos llamar la atención acerca de dos rasgos que, por desgracia, forman parte de nuestra in-cultura democrática: el acoso a la autoridad electoral se ha vuelto parte de la estrategia de partidos, poderes de hecho e intereses involucrados. Y por otro lado, el juicio al árbitro siempre depende de los resultados. Allí y donde se gana, la autoridad no representa problema; allí y donde se pierde, se le impugna todo y ahora, incluso, se clama por su “renuncia”.
En una conferencia de prensa reciente, el Presidente Nacional del PRI afirmó que su confianza en las autoridades electorales depende de que el Tribunal Electoral rectifique las resoluciones del INE.
No hay leyes, reformas constitucionales ni instituciones que sustituyan al compromiso democrático. Lo que es más, en materia electoral, el compromiso de los actores es previo a las reglas de la competencia, a respetarlas y cumplirlas. Pero mientras la queja y la denuncia sean el centro de las estrategias (algunas veces fundadas, la mayor parte artificiales y por pura búsqueda de publicidad política) los propios partidos seguirán construyendo excusas para no dar el salto -por fin- hacia el centro neurálgico de la cultura democrática: la aceptabilidad de la derrota, o mejor, el reconocimiento de la victoria del contrario, esa cualidad que vamos a necesitar cada vez más por el imparable aumento de la competitividad electoral y la fragmentación de la representación.

Por diversas razones, el INE trabaja con una legislación embrollada y con notables vacíos; además, se le han depositado tareas de extrema complejidad (a veces ajenas a su propia naturaleza) que han saturado el trabajo electoral. La fiscalización de miles de candidatos y sus campañas en 40 días es solo una de muchas de esas facultades que han exigido del INE un esfuerzo mayor. Lejos de ser criticable, debe ser reconocido.

Por supuesto que la crítica debe ser bienvenida. Toda institución pública debe estar sujeta a ella. Hay que detectar distorsiones, errores y omisiones. La crítica debe ser tan clara y fuerte como bien documentada. Gran parte de la campaña actual en contra del INE se basa en suposiciones o conjeturas que nunca se demuestran y en el colmo de la trivialidad, sus autores vuelven a condenar al INE “por no investigar” sus propias especulaciones.
El INE está obligado a escuchar la crítica, sí. Pero demandar la destitución del Consejo General y acompañar esa consigna de calumnias, envilece el debate público y sobre todo, evita analizar de modo objetivo los procesos electorales del país.

Con la nueva legislación se han llevado a cabo 24 procesos electorales para elegir Gobernador en 2015, 2016 y 2017. En 14 casos ganaron las oposiciones; en 10 el partido gobernante. Los Legislativos son más plurales hoy que en el año 2000 e incluso candidatos independientes han triunfado en elecciones supervisadas por el Consejo General que ahora intentan demoler en una especie de canibalismo cíclico y antidemocrático.

Fuera de abstracciones ni ambigüedades: la defensa de las instituciones significa hoy la defensa misma de los ciudadanos; la defensa de las reglas es también la defensa de las personas, consejeros y funcionarios, que hacen posible la convivencia civilizada y la competencia plural en México.

Atentamente  

Instituto de Estudios para la Transición Democrática:

Federico Novelo, José Woldenberg, Jacqueline Peschard, Leonardo Valdés, María Marván, Rodrigo Morales, Rolando Cordera Campos, Adrián Acosta, Raúl Trejo Delarbre, Claudio Lomnitz, Julia Carabias, Marta Lamas, Enrique Provencio, Arturo Balderas, Sergio López Ayllón, Jorge Javier Romero, Salomón Chertorivski, Pedro Salazar, Tonatiuh Guillén López, Rosa Elena Montes de Oca, Francisco Báez, Antonio Azuela, Jorge Delvalle, Mariana Cordera, Elsa Cadena, David Pantoja, César Hernández González, Sebastián Guevara, Sebastián De Lara Gomís, Luz González, Enrique Contreras Montiel, Fabián González, Rosa Rojas, Agustín Castilla, Esperanza Carrasco, Christian Uziel García, Paloma Mora, Salvador De Lara, Manuel Vargas Mena y Amezcua, Pamela Rodríguez, Jaime Ros, Margarita Flores, Jorge Bustillos, Virginia Pérez Cota, Antonio Ávila, Gustavo Gordillo, Armando Sánchez, Laura Koestinger, Jorge Hernández, Germán González-Dávila, Rosaura Cadena, Hortensia Santiago Fragoso, Patricia Ortega Ramírez, Antonio Franco, Blanca Acedo, Alfredo Popoca, Patricia Pensado, Mariano Sánchez, Arturo Espinosa Silis, Ana de Gortari, Carlos Sánchez, María de los Angeles Pensado, Enriqueta Cabrera, Antonella Attili, Luis Salazar, Carlos Garza Falla, Gilberto Guevara Niebla, Carlos Flores, Carlos Martínez Carrillo, Lucia Guijarro, Jaime Trejo Monroy, Anamari Gomís, Francisco Gómez Ruíz, Carolina Farías, Carolina Rea, Dulce María Pascual.

Ricardo Becerra (Presidente).