Ser gobernador, en México, es tener conflictos con la ley. Uno de cada dos gobernadores que han ejercido el cargo en los últimos 12 años han tenido conflictos con la ley o con el crimen. Todos ellos terminan presos, investigados o asesinados.

En total, 28 Mandatarios estatales -de los 64 que fueron elegidos entre 2010 y 2022- fueron detenidos, investigados o asesinados. De ellos, 15 han ido a la cárcel en ese periodo.

Solo siete de las 32 entidades del País no han registrado oficialmente gobernadores con algún conflicto legal o violento, mientras que estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han visto tras las rejas al menos a dos de sus ex Gobernadores de la última década.

De los 17 Gobernadores encarcelados en los últimos 12 años, 10 han enfrentado acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito o abuso de poder. Entre ellos destacan los priistas Roberto Borge, César Duarte y Javier Duarte, quienes aún permanecen en la cárcel; también el tabasqueño Andrés Granier, así como los ex Mandatarios de Coahuila, Humberto Moreira y Jorge Torres, quienes purgaron pena y fueron liberados.

También forman parte de los Gobernadores encarcelados, los panistas Guillermo Padrés y Luis Armando Reynoso, quienes ya salieron de prisión; así como la perredista Rosario Robles, que no fue juzgada por actos de corrupción en su administración como Jefa de Gobierno sino como Secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno federal de Enrique Peña. Actualmente sigue presa en la Ciudad de México.

Dos Mandatarios de Nuevo León también fueron a la cárcel, en su caso por actos de corrupción: el priista Rodrigo Medina, quien pisó la cárcel unas horas, y el independiente Jaime Rodríguez, que purga su pena en prisión domiciliaria.

Cinco ex mandatarios estatales han sido aprehendidos por nexos con el crimen organizado. Entre ellos destaca Ricardo Gallardo, detenido por delincuencia organizada en 2015, y quien ahora encabeza el Gobierno de San Luis Potosí, postulado por el Partido Verde.

Los ex mandatarios de Tamaulipas, como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos del PRI, fueron encarcelados por tratos con el crimen organizado. También los tricolores Jesús Reyna, de Michoacán y Roberto Sandoval, de Nayarit.

Dos ex Mandatarios fueron ejecutados al estilo narco, apenas a unos meses de haber dejado su cargo. Fue el caso del priista Silverio Cavazos, ex Gobernador de Colima, asesinado el 21 de noviembre de 2010 y el también tricolor Aristóteles Sandoval, de Jalisco, ejecutado el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. Fernando Moreno Peña, en su calidad de ex Gobernador de Colima, también del PRI, fue herido a balazos en un atentado el 12 de octubre de 2015 en un restaurante de la capital colimense.

Existe una decena de Gobernadores que han sido indagados penal o administrativamente por desfalcos e irregularidades en el manejo de los recursos públicos. En algunos casos, como parte de los procedimientos de investigación, sus cuentas fueron congeladas; en otros, sus casos permanecen abiertos por presuntos ilícitos cometidos en sus cargos, pero no han concluido con encarcelamientos.

Esa larga lista incluye a los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Miguel Ángel Yunes, de Veracruz, y Kiko Vega, de Baja California; al morenista Jaime Bonilla, también de Baja California; a los priistas Fernando Reyes Baeza, de Chihuahua y Mario Anguiano, de Coahuila.

El caso más reciente y escandaloso es el del actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien tiene abiertas indagatorias por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, delitos que presuntamente cometió como Gobernador de Campeche entre 2015 y 2019.

¿A qué obedece todo esto?

A que en México los cargos públicos se siguen considerando un botín al que sólo tienen acceso los elegidos por los amigos, los compadres o los parientes.

Por eso en el extranjero se sigue contemplando al país como un nido de forajidos.

(Información tomada del diario Reforma)