La corrupción no solamente se encuentra en el centro de las políticas públicas de México. En Guatemala es un tema que ya logró el encarcelamiento del anterior presidente, Otto Pérez Molina, por tejer una red de corrupción aduanera denominada La Línea. El verdugo del mandatario fue un organismo respaldado por las Naciones Unidas llamado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que ahora amenaza al actual mandatario, Jimmy Morales. con acusarlo de diferentes cargos de corrupción.

El enfrentamiento es, a fin de cuentas, muy simple: primero la Cicig ayudó indirectamente a Morales al acusar de corrupción a su predecesor, y ahora Morales enfrenta cargos de corrupción por el financiamiento ilegal de su campaña. En el mismo carro va mucha gente. También están acusados un hermano del presidente y su propio hijo. Todo esto irritó profundamente al actual mandatario, y su reacción fue tratar de clausurar la Comisión y declarar a su cabeza, el colombiano Iván Velásquez, como persona nos grata para el país. Pero algunas piezas se alinearon de forma contraria: el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sostuvo al comisionado Velásquez al frente del organismo, y la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano judicial del país-, declaró que la expulsión de Velásquez sería anticonstitucional.

La suerte del país no parece aún estar definida. Se trata de una crisis del propio Estado. El Congreso y los empresarios respaldan ahora al presidente, mientras el poder judicial y las Naciones Unidas apoyan a la Cicig. Falta por ver de qué lado se pone la mayoría de la población. El pasado Día de la Independencia de Guatemala una multitud de campesinos se arremolinó entre el Congreso de la Unión y la Plaza de la República, y muchos exigieron la renuncia del actual presidente. Parece la segunda edición de una vieja historia.