El hecho de que el teléfono del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral haya sido intervenido es gravísimo. La intromisión en la vida privada de cualquier persona es un asunto condenable, indigno de cualquier Estado que se llame democrático. El derecho a la privacidad es uno de los derechos inalienables del hombre.
Cuando el espionaje y la intervención telefónica se ha realizado a nombre de la seguridad nacional de cualquier Estado, la comunidad internacional ha rechazado categóricamente el hecho. Eso ha sucedido con las revelaciones de espionaje de la agencia de seguridad de Estados Unidos en las conversaciones de mandatarios de otras naciones, y la condena de los países europeos ha sido unánime.
La intervención telefónica que se realizó en las conversaciones del Consejero Presidente del INE tienen la clara intención de desacreditar a la institución frente a las próximas elecciones. Sabemos que hay grupos cuyo interés es boicotear los comicios por motivos ajenos al proceso electoral, para los cuales el contenido de la conversación será suficiente para difundir la idea de que el INE discrimina a los grupos indígenas.
Pero nada más falso: el INE, los Consejeros Electorales y en general todos sus trabajadores pueden considerarse como uno de los sectores donde la igualdad de género, la atención a discapacitados y la política hacia los grupos indígenas ha sentado precedentes para poner a los derechos humanos en el centro de las políticas públicas.
Si el espionaje telefónico en México queda impune, el deterioro de la sociedad habrá dado un nuevo paso hacia el abismo.