En una declaración pública, y flanqueada por militares, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero (en la fotografía), les pidió a los narcotraficantes que cobren a quienes no les pagan, pero que no se desquiten con sus familias. Textualmente dijo: «Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias».

En otras palabras, justificó el cobro por el derecho de piso que imponen los narcotraficantes a los comercios y a los ciudadanos. Solo pide que hay que aplicarlo correctamente.

Con su declaración, esa alcaldesa está justificando los delitos, las venganzas y la violencia de los grupos que actúan fuera de la ley.

Sus palabras pesan.

Para las víctimas de los narcotraficantes, es una señal de que habrá más impunidad con los agravios, la violencia, las heridas y las muertes que sufrieron.

Para los narcotraficantes, es una prueba de que pueden violar, asaltar y asesinar impunemente.

Y para el resto de la población, es una prueba de que las autoridades permiten y encubren a la delincuencia.

Es alcaldesa debe ser removida de su cargo.

Pero ya.