Entrevista con Omar Garfias
Secretario Técnico de la Cruzada contra el Hambre
Recientemente, la Secretaria Rosario Robles declaró en Oaxaca que la Cruzada contra el Hambre ha logrado elevar los niveles de alimentación para 3 millones de mexicanos. Esa cifra, comparada con la meta original de la Cruzada, que era de 7 millones de mexicanos, es un gran avance en tan solo un año de actividades. ¿Cómo lo lograron?
Eso se logró básicamente llevando a cabo una acción integral. El hambre es un problema que tiene muchas dimensiones. No se trata únicamente de esa sensación de vacío que sentimos en el estómago cuando tenemos hambre. Se trata del hambre de las familias que en principio no tienen los recursos necesarios para comprar una canasta básica. Y además no tienen la salud necesaria para que los alimentos sean aprovechados. Tampoco tienen una vivienda de calidad. Tienen pisos de tierra, techos endebles, y eso afecta su salud. Y además carecen de servicios básicos: no tienen agua potable, ni sistemas de saneamiento, ni electrificación. Encima de todo eso, no cuentan con los niveles educativos que les permitan elevar sus ingresos, ni con sistemas de producción o empleos adecuados. Por eso, lo que hace la Cruzada es una acción que comprenda todos estos frentes. La Cruzada actúa en salud, seguridad social, alimentación, vivienda, educación, servicios básicos. Se trata de una acción integral de muchos actores. Hemos logrado focalizar este problema, que no estaba anteriormente en la agenda pública. Hace un año y medio, este problema no existía en los periódicos, ni en los debates, ni como programa de gobierno. Es hasta ahora cuando se mandata al gobierno federal para que realice acciones coordinadas en este sentido. Con esto, rompemos una política social de facción para hacer una política social de Estado, e invitamos a los gobiernos estatales y locales para que exista una verdadera coordinación en ese sentido.
Pongo un ejemplo: hace dos años, el gobierno de Oaxaca tenía un convenio con SEDESOL por 94 millones de pesos. Eso significaba que cada quien se iba por su lado con lo que le correspondía del recurso, y no existía una orientación efectiva. Hoy tenemos un acuerdo por 1,400 millones; eso quiere decir que juntamos todas las bolsas y le damos una dirección a los recursos. Y así actuamos también con los gobiernos municipales. Ahora por primera vez se ha normado el Ramo 33 que reciben los ayuntamientos para atacar a la pobreza extrema. Y esto se norma definiendo las acciones y los procedimientos a seguir. Antes, la falta de reglamentación permitía que se compraran vehículos con esos recursos, o que se hicieran obras de ornato. Ahora se pone en el centro de los recursos a la población. Cada acción tiene que tener un comité que participe, que proponga, que haga las veces de contraloría. Se trata de una acción múltiple, que da resultados tangibles. Incluso es una valoración conservadora, porque se refiere a la población que ha recibido el programa Oportunidades y el programa Sin Hambre por primera vez; pero existe una población mayor que ha recibido también vivienda, apoyos productivos, educación, acceso a la salud.
Hoy por primera vez estamos haciendo un padrón único que nos va a ir dando datos más precisos de la población beneficiada. Con ese padrón, que estará listo en junio, veremos que la población beneficiada es mayor. Lo que hemos hecho, a partir de los comedores -por ejemplo-, es ampliar a la población objetivo con un 25% más. Este año vamos a cubrir a más de 6 millones de habitantes. Y el último año nos tenemos que ir con los 7 millones.
Nosotros no damos los datos de la gente que ya salió de la pobreza extrema, porque esa es una función del INEGI y de CONEVAL. Hemos preferido que sea una evaluación independiente, pero podemos decir que hemos llegado a 3 millones, entre todas las dependencias y todos los niveles de gobierno.
¿Se puede decir que gracias a la Cruzada existe una mayor coordinación en el gobierno, no sólo entre los poderes de la unión y las Secretarías de Estado, sino también entre los tres órdenes de gobierno?
En ese sentido, hay un aspecto muy importante, ya que la Cruzada ha creado además instituciones. No es un programa sujeto a voluntades u ocurrencias momentáneas, y por eso incide en el tema de la gobernabilidad. Por un lado, nunca se había planteado la coordinación interinstitucional como una obligación; siempre era una recomendación. Es por eso que, al anunciar la Cruzada, el Presidente de la República firma un decreto que establece un sistema nacional contra el hambre, donde un conjunto de instituciones están regulando el comportamiento de los actores para que el ejercicio sea normado.
El sistema establece, por ejemplo, la Comisión Nacional Intersecretarial. Hoy se tienen que reunir los secretarios de Estado por decreto presidencial, por un mandato legal. Hay Comités Estatales Intersecretariales en todos los estados, y Comités Municipales Intersecretariales. Hay acuerdos con los gobiernos locales. Quiero subrayar que no hay inversión de la Cruzada si no se tienen acuerdos con los gobiernos locales. Estamos trabajando con las 31 comunidades de distintos signos políticos, y donde no se ha podido llegar a acuerdos, no hemos tenido injerencia.
Hay además un Consejo Nacional y varios Consejos Estatales para que las organizaciones sociales puedan opinar abiertamente. Es un ejercicio con la sociedad. Hay un Comité de Expertos que hace propuestas y evalúa nuestros avances, y de esa manera el proyecto se vuelve institucional y replicable. Eso establece lazos de confianza entre todos los actores, con la tranquilidad de que las reglas del juego están establecidas.
Dentro de las 5 vertientes de la Cruzada, la tercera, que se refiere a la producción y productividad de los alimentos, puede considerarse la más difícil. ¿Cómo han enfrentado ese tema?
Encontramos una gran distorsión. En México hay 5 millones de unidades de producción rural, de las cuales 3 millones son de autoconsumo. De ellas, un millón y medio tienen contacto con el mercado, y el otro millón y medio se encuentran aisladas del mercado. Las familias que tienen estas parcelas sí compran cosas, pero su producción no va para el mercado. El problema es que los programas para mejoramiento técnico y desarrollo agropecuario no llegaban a estas parcelas. Estaban ligados a otras unidades de producción. A las parcelas de autoconsumo solamente les llegaban los programas asistenciales. Es una situación perversa, que parece decir que a los pobres hay que darles dinero solamente para que se mantengan ahí, mientras los recursos para mejorar la productividad se los damos a otros sectores. Qué bueno que los reciban, por supuesto, pero habría que implementar un esquema diferente. Y ése es nuestro esfuerzo. Antes, en muchos programas, había que llenar formularios por Internet para tener acceso a los beneficios. Ese esquema resultaba imposible para los campesinos minifundistas, que no tienen ningún acceso a Internet. Y eso está cambiando. El tema se ha entendido, porque 29 programas gubernamentales han cambiado las reglas de operación de sus programas para incorporar a este sector minifundista. La SAGARPA ha lanzado 4 nuevos programas solamente para atender la productividad. Es evidente que estos sectores no se van a convertir en exportadores, pero sí se pueden convertir en productores de sus propios alimentos. Y eso es un avance muy importante, porque significa democratizar los esfuerzos por incrementar la productividad y resolver el problema del hambre. Estamos trabajando para lograr tener un nuevo modelo de intervención productiva. Para eso estamos yendo a las propias comunidades, para desde ahí trabajar en conjunto.
En México estamos acostumbrados a que todos los problemas sociales son asuntos de competencia exclusiva del gobierno. ¿Qué papel tienen o deberían tener los otros actores que tienen injerencia en los problemas de alimentación de las comunidades de escasos recursos?
Lo primero que tenemos que hacer es evitar la desconfianza entre los sectores. Somos un país con una gran desconfianza para trabajar en conjunto. Hay sectores dentro de las empresas y las organizaciones de la sociedad civil que piensan que el gobierno los va a timar, o que los políticos los van a utilizar para sus propios fines. Tenemos que trabajar mucho en ese tema. Y precisamente para eso se creó el Consejo Nacional y los consejos estatales, para que ahí los sectores involucrados puedan debatir todas las ideas, para que tengamos un diálogo articulado y pongamos manos a la obra. Muchas de las soluciones técnicas a los problemas de nutrición y de hambre están ya en el radar y en el expertise de muchas empresas y organizaciones sociales, y para nosotros es muy útil acceder a todas sus herramientas de conocimiento y a la información que poseen. Hay que insistir en la idea de que el hambre, la desnutrición y todos los problemas de alimentación son problemas de todos los mexicanos.
¿Cuál es el horizonte futuro, más allá de los éxitos obtenidos en el primer año de funcionamiento del proyecto? ¿Hacia dónde va la Cruzada?
Este año fue un año de obra negra. Hay gente que piensa que debimos de haber madurado algunas cosas antes de empezar. Pero no podemos hacer eso. No podemos bajar la cortina y decir que nos estamos preparando, que dentro de un año vamos a empezar a actuar. Por eso, al mismo tiempo que estamos operando, estamos haciendo la obra negra de las instituciones y procedimientos. No es fácil, porque no todas las Secretarías estaban vinculadas con este tema. Por poner dos ejemplos, ni la Secretaría de Turismo ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenían como parte de sus agendas y sus actividades el combate a la pobreza. Y es lógico. Pero ahora esto ha cambiado, y no es fácil conjuntar y orientar acciones. Pero en la medida en la que vamos trabajando todos, puliendo los nuevos procedimientos, vamos avanzando. Es también un ejercicio presupuestal, para darle prioridad a los programas que tienen incidencia en el combate a la pobreza. Es una nueva institucionalidad de la política social, que considera a la población beneficiaria como verdaderos actores, con potencial para elevar la productividad, y a los demás actores sociales como colaboradores indispensables en esta tarea. Nosotros como gobierno estamos abiertos a todas las evaluaciones, nos interesa sobre todo avanzar. Yo creo que en el tercer año de nuestra actividad ya estarán afinadas nuevas y poderosas herramientas, como el padrón único, el sistema nacional de programas sociales, y con ello vamos a saber con toda exactitud hacia dónde dirigir los recursos para hacerlos productivos. Por eso digo, un poco en broma, que el próximo gobierno va a encontrar en la política social un avión en pleno vuelo.