Por primera vez en la historia de México, la consulta popular se utiliza como instrumento para preguntar a la población su opinión sobre las políticas públicas. Los tres partidos políticos más importantes, aunados a una organización de reciente creación, reunieron millones de firmas para preguntar a la población su opinión sobre la reforma energética, la reducción del número de diputados en el Congreso y un eventual incremento al salario mínimo.

El trabajo de verificación de las firmas que recogieron los partidos fue encomendado al Instituto Nacional Electoral, ya que el Registro Nacional de Electores cuenta con las listas nominales de los ciudadanos facultados para votar. De acuerdo a la ley, con el 2% del electorado cualquier ciudadano o agrupación puede llevar a cabo una consulta popular para incidir en la políticas públicas, promover leyes o destituir a los funcionarios que no cumplan bien su trabajo.

Hasta ese punto, no hubo problema. Los partidos acreditaron a la cantidad de electores requeridos para las consultas. Pero hubo un detalle que no puede pasar desapercibido. Después de verificar la identidad de los firmantes, el INE realizó encuestas para constatar que los ciudadanos dieron su anuencia para revisar los temas de la reforma energética, la eventual reducción de los diputados plurinominales y el salario mínimo. Y un elevado porcentaje respondió que no fue así. Entre el 30 y el 40% de los encuestados respondieron que no dijeron lo que los partidos dicen que dijeron. Por eso en la reunión del Consejo General del INE el Consejero Ciro Murayama puso el dedo en ese renglón, diciendo que ese tipo de experiencias son las que afectan la credibilidad de los partidos y del sistema político en general. Luego no se quejen.