Ése es el nombre que las damas de buen linaje les dan a las mujeres que se dedican al servicio doméstico: las que limpian los pisos, sacuden todos los muebles de las casas, quitan el polvo acumulado en los rincones, van al mercado a comprar los víveres, preparan en la cocina la comida, lavan los platos, cuidan a los niños más pequeños, los visten y los preparan para irse a la escuela. En muchos casos, duermen en las mismas casas de los patrones. En ocasiones, llegan a ser partes de las familias, aunque siempre ocupando las escalas más bajas de la estratificación doméstica.

Para las chachas, en la inmensa mayoría de los casos, las leyes no se cumplen.

A pesar de su contribución a la economía y a la sociedad, el trabajo doméstico remunerado es poco valorado. Como es bien sabido, se trata de un sector donde la mayor proporción del trabajo lo realizan las mujeres. En México, existen más de 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar; 89% son mujeres, y de ellas 97% labora en condiciones de informalidad.

Esto tiene que cambiar, aunque el cambio se realice a cuentagotas. En los últimos años, México ha dado un importante impulso al marco normativo para garantizar el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la exclusión del trabajo doméstico del Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 2019, se reformaron la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, se inició una prueba piloto para su afiliación, y se ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Ahora las personas empleadoras tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos que se establecen en este marco: contar con un contrato por escrito, tener seguro social, un salario digno, jornadas de máximo 8 horas, días de descanso, vacaciones, aguinaldo, compensación por horas extras trabajadas y un entorno seguro de trabajo.

Sin embargo, las trabajadoras del hogar siguen enfrentando discriminación en su trabajo y condiciones laborales precarias, con jornadas de trabajo largas, salarios bajos y falta de prestaciones. México se encuentra entre los países latinoamericanos donde la cobertura de la seguridad social a personas trabajadoras del hogar es menor al 10%.

La crisis desencadenada por el COVID-19 ha perjudicado particularmente a las trabajadoras del hogar, profundizando las brechas de desigualdad y la precariedad laboral en la que viven. Las tareas de cuidado de los niños se han incrementado en sus hogares y en los que trabajan; al no tener acceso a servicios de salud o a la seguridad social, sus jornadas se han multiplicado y sus ingresos han disminuido por despidos o recortes a la jornada laboral.

Por ello, la ONU en México lanzó la campaña denominada #EsLoJusto, que tiene como objetivo concientizar a las personas empleadoras sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, y considerar dicho trabajo como un trabajo digno. Está encabezada por Pedro Américo Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de la OIT para México y Cuba. El hombre tiene una labor titánica y cuesta arriba, pero su misión es un paso importante para hacer de México un país de leyes.