A veces la muerte llega tarde a las citas. Y no es que se quede dormida, sino que los retrasos inventados por los abogados y la defensa de derechos humanos impiden que los sentenciados a muerte puedan cumplir sus sentencias. Un poco de vida no está de más, aún cuando las condiciones de la existencia sean infames.

Eso es lo que sucedió este mes en Texas, donde un condenado a muerte llamado Rubén Gutiérrez respiró un poco más de vida porque la crisis del coronavirus retrasó la inyección fatal que debió haber recibido con cuatro meses de anterioridad.

Rubén Gutiérrez se hizo merecedor de esa pena porque hace dos décadas asesinó a cuchillazos a una mujer de 85 años de edad, con el fin de robarle una suma de 600 mil dólares que tenía escondida en su casa. Pero la muerte empezó a retrasarse a su cita, primero porque los abogados aducían que antes de morir tenía que recibir la visita de un pastor o un ministro del culto de su preferencia, y luego por los retrasos provocados por el coronavirus en los terrenos de la justicia.

De llevarse a cabo, la muerte de Gutiérrez sería la segunda después de que las ejecuciones volvieron a la acción debido a la parálisis del coronavirus.