En todo el mundo, la policía es el cuerpo encargado de combatir a los delincuentes. Pero en México y otros países, desgraciadamente, muchas veces la policía actúa como si fuera un grupo de delincuentes. Escudándose en sus placas y sus uniformes los policías secuestran a los ciudadanos, los insultan, los golpean y los amenazan de ir por ellos en caso de que las víctimas denuncien a sus atacantes ante otras instancias.

La autoridades, como es lógico, lo niegan. En junio de 2020, a poco más de un año y medio de asumir el cargo, Claudia Sheinbaun anunció el éxito: “Todas las prácticas que tuvieran que ver con tortura, ilegalidad, etcétera, están totalmente canceladas”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa.

Pero hay muchos casos que contradicen sus palabras. Uno de ellos apareció en el periódico Reforma, donde un repartidor de mercancía llamado Juan Carlos García Cortés estaba haciendo mandados en su motoneta en Ciudad de México cuando un taxi le cortó el paso y dos hombres lo detuvieron. Lo empujaron en la parte trasera de un carro, le pusieron una chamarra en la cabeza y comenzaron a golpearlo.

El asunto es que los secuestradores de García no eran delincuentes callejeros, sino miembros de la recién creada unidad de élite de la policía de la Ciudad de México, encargada de combatir el secuestro y la extorsión. Son justamente los mismos delitos que sufrió el repartidor.

Tras golpear a García, los agentes lo amenazaron con acusarlo de homicidio si no les pagaba 50.000 pesos, según una denuncia formal presentada ante la fiscalía y las declaraciones de la familia García. Era más de lo que ganaba en ocho meses en un puesto de tacos donde trabajaba.

México necesita, con urgencia, una separación radical entre delincuentes y policías.

Todos los ciudadanos necesitan alguien en quién creer.