Al celebrar los 100 años de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, también se celebra la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México. La nueva Carta Magna inaugura una nueva etapa en la vida social y política de la ciudad. Es aspiracional. Imprime en blanco y negro los derechos, las garantías y las libertades que -en esta Ciudad y en este tiempo- se considera indispensable salvaguardar, además de definir el marco jurídico de nuestra organización política y social.
La nueva Constitución plasma a la Ciudad de México como una ciudad diversa, abierta e inclusiva. Se ve a sí misma como una tierra de refugio, de abrigo y protección. Llama la atención que, desde el preámbulo, reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes. Más adelante afirma que la ciudad se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional y señala que, independientemente de su situación jurídica, los migrantes tienen derecho a la protección de la ley y que no podrán ser criminalizados por su condición.
Llama la atención, también, la mención que hacen contra la islamofobia. El artículo cuarto señala que también se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. No es gratuito. No en estos tiempos. Y por eso es loable.
La Ciudad de México reafirma su histórica vocación pacifista, solidaria y hospitalaria. Se hace cargo del problema de la migración forzada que hoy se vive dentro y fuera de sus fronteras. La nueva Carta Magna obliga a las autoridades a generar los mecanismos necesarios para reconocer como víctimas de desplazamiento forzado interno a aquellas personas obligadas a escapar de su hogar por cualquier causa. Sabe que México es tierra de origen, tránsito y destino de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y por ello reclama la implementación de una política responsable de acogida e integración.
La nueva constitución también reconoce los derechos de las familias. Así, en plural. Señala que en todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar se debe garantizar la igualdad de derechos. Así, reconoce que hoy en día la concepción tradicional de familia quedó rebasada por la realidad. Según el INEGI, hoy en día una cuarta parte de las familias en esta ciudad son monoparentales. Además, se calcula que casi el 40% siguen un modelo distinto que incluye los hogares homoparentales (dos mamás o dos papás) y a las que están conformadas por personas LGBTTI.
En cuanto a la educación, establece el acceso gratuito a la educación laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Prohíbe condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas o donaciones, y urge al congreso a expedir la ley de educación de la Ciudad de México en un plazo no mayor a 180 días.
El nuevo ordenamiento jurídico implementa el seguro de desempleo; se pronuncia por la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar y aspira a fomentar una cultura de movilidad sustentable –en donde la prioridad la tendrán los peatones y conductores de vehículos no motorizados –. Además, declara como áreas protegidas el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón.
Sobre la política económica, estableció que su objetivo será el aumento en los niveles de bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación de empleos. Objetivo deseable –sin duda-, aunque no hubiera estado de más la mención explícita de combatir la desigualdad hiriente de sus habitantes.
En cuanto al tema político-electoral, el texto aprobado considera el derecho de las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país a votar y ser votadas, además de incluir figuras de participación directa como la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito; la consulta popular y la revocación de mandato.
Para cumplir con algunos de sus objetivos, el texto constitucional mandata la creación de nuevos sistemas u órganos. Tal es el caso del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México –que establecerá un sistema de indicadores de estos derechos que permitan fijar metas en el presupuesto anual-; un Sistema Integral de Derechos Humanos; un Sistema General de Bienestar Social; el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México – encargado de la evaluación de las políticas y programas de los entes de la administración pública y las alcaldías-, así como un Centro de Justicia Alternativa.
Asimismo, mandata a la creación de un Sistema Anticorrupción, bajo más o menos los mismos términos que el que se implementa en el ámbito federal y establece la obligación de que las alcaldías destinen, al menos, el 22 por ciento de su presupuesto a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos y barrios de la demarcación territorial.
En suma, la nueva Constitución que regirá el actuar de los habitantes de esta ciudad es ambiciosa, como lo fue la Constitución de 1917 y que hoy festeja su centenario. Dicha celebración ha estado enmarcada por un ambiente de desafección y apatía. Algo no ha salido como lo propusieron los constituyentes en esos ayeres. En México el estado de derecho es frágil y no se percibe que se cumpla y respete la ley (el 66% de los mexicanos considera que la ley se respeta poco o nada). Pero cuidado, eso no quiere decir que lo que se establezca en el marco jurídico fundamental de la ciudad que habitamos no sea trascendental.
Lo es. Y es digna de celebrar la hoja de ruta que se estableció aunque a veces parezca utópica o inalcanzable.

Farah Munayer es Maestra en administración internacional por Sciences Po, asesora de consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral y co-fundadora de Efecto Migrante A.C.