La votación para la revocación de mandato ha levantado una ola de dichos y réplicas en la que han participado cientos de analistas y ciudadanos. Los partidarios de quitar a López Obrador de la presidencia de la República han visto este momento como una oportunidad única para lograrlo. Y los que no están tan seguros simplemente se abstienen de la discusión y con toda seguridad se abstendrán de su participación a través de una firma.

Con todo, la maquinaria para la revocación de mandato ya está en marcha. El Instituto Nacional Electoral ha declarado que ya se tiene al 70 por ciento de los funcionarios de casilla para llevar a cabo la votación para dicha revocación. La fecha será el 10 de abril próximo. Ya se ha iniciado la impresión de las papeletas para el asunto.

Sin embargo, la revocación de mandato es una medida que no va a dejar satisfecho a nadie. ¿Por qué se tiene que quitar de su cargo al funcionario que ya está en funciones? Se dice que porque no ha cumplido a cabalidad su papel. ¿Y quién dice eso? Una parte de la sociedad. ¿Después de cuánto tiempo? A la mitad del mandato, se supone. Pero ése es un terreno muy resbaloso. Porque… ¿qué sucede si el funcionario -a juicio siempre de una parte de la sociedad- no cumple con sus funciones a los tres meses de haber iniciado el cargo? ¿O a los 15 días? O bien, poniéndonos en términos más realistas y considerando que el abstencionismo en México es muy elevado: ¿se deberá destituir a un funcionario porque así lo desea -supongamos- el 10% de la sociedad?

En esas condiciones, lo mejor sería olvidarnos de la revocación de mandato. Los funcionarios deben cumplir las tareas para las que fueron electos, y si no lo hacen su partido pagará las consecuencias en las elecciones siguientes. Es lo más lógico y lo mejor.