Lo que sucedió en Chihuahua con la familia Le Baron es un escándalo, porque nadie en su buen juicio entiende las razones para prenderle fuego a unos vehículos con mujeres y niños adentro. Pero el problema, gravísimo si se considera de manera excepcional y fortuita, cobra su verdadera dimensión si contemplamos  que no es un fenómeno aislado, sino una muestra de lo que ocurre en México a nivel nacional y de manera cotidiana.

En Ecatepec, en abril del presente año, se encontraron en un tiradero de basura los cadáveres de una madre con su hija, que fueron violadas después de asistir a una fiesta del barrio. El mismo mes apareció Bruno, un niño de 5 años abandonado en las inmediaciones de Perisur. Su madre fue asesinada por oponerse al robo de su vehículo. La misma semana apareció Anthony, un niño que fue encadenado y torturado en la Ciudad de México, y una mujer descuartizada que fue abandonada en el tambo de un lote baldío en el municipio de Tula, en Hidalgo. Las historias de horror son una constante en el panorama tétrico de la inseguridad en México.

Una parte del enorme problema que enfrenta la sociedad mexicana se encuentra, desde años atrás, en las familias disfuncionales y el abandono de los niños. Las autoridades deben implantar programas efectivos contra la violencia intrafamiliar, la contención de los impulsos agresivos en padres e hijos, el combate a las adicciones.

Y otra parte del problema se halla en la desconfianza que prevalece entre la sociedad hacia las autoridades. Más del 90% de los delitos no se denuncian, porque la ciudadanía sabe que las autoridades forman parte del engranaje perverso de todo tipo de delincuencia. Por eso la prioridad nacional, en estos momentos sombríos y alarmantes, debe ser la limpieza a fondo de las policías, los ministerios públicos y los jueces. Hay que desterrar a la corrupción, por supuesto. Pero también a la crueldad.