Aunque es un tema que lo mismo aburre que taladra los oídos, la investigación que pesa sobre la Casa Blanca parece girar sobre sí misma y morderse la cola. En primera instancia, se ha descubierto que Rusia tuvo un papel decisivo para inclinar el voto de los estadounidenses en favor de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales. Hay, inclusive, evidencia que sostiene que el Kremlin tiene una oficina muy bien montada para fingir identidades cibernéticas, comprar espacios en las redes sociales, engañar a los usuarios y organizar manifestaciones a distancia para dividir políticamente a regiones y países enteros.

En el ojo del huracán se encuentran varios funcionarios de la administración y parientes del presidente Trump. Entre ellos se encuentra el antiguo Consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn, quien mintió al FBI sobre sus reuniones con el embajador ruso; el asesor George Papadopoulos, quien aceptó también haber mentido sobre sus encuentros con enviados del Kremlin; el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el propio hijo Donald Junior, quienes fueron comisionados para tener pláticas con los enviados rusos para fraguar estrategias para enlodar la imagen de Hillary Clinton.

Pero eso no es todo. Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump se ha enemistado con el sistema de seguridad de Estados Unidos, algo nunca visto desde los tiempos de Richard Nixon. El propio Trump despidió a James Comey, quien era el director en jefe del FBI, lo cual ha sido visto como una de las faltas mayores que puede cometer un funcionario norteamericano, como es la obstrucción de la justicia. Y ahora Trump se encuentra en la manos de Robert Mueller, un fiscal que ha sido implacable en sus pesquisas contra diversos funcionarios, entre ellos, contra Hillary Clinton, ya que fue el quien la acusó de utilizar información confidencial a través de su cuenta de Twitter.

Pero mientras Mueller sigue con el mayor grado de meticulosidad sus investigaciones, Trump parece aferrarse a una cláusula constitucional que cree que le salvará la vida y el cargo: en casos de faltas graves a la ley, sólo el presidente puede perdonar a los culpables. Lo cual significa, en este caso, que el presidente puede perdonarse a sí mismo si comete una falta grave. Y eso coloca al presidente por encima de la ley. Porque si resulta culpable, recibirá su propio perdón.

Absurdo, claro.