En Guatemala, uno de los tres países más corruptos de América Latina, el presidente Jimmy Morales expulsó del país a Iván Velázquez, el abogado colombiano que funge como representante de las Naciones Unidas, quien lo estaba investigando como pieza clave en su lucha contra la corrupción. Y su argumento fue que Velázquez se había convertido en una persona non grata, como un extranjero que se inmiscuye en los asuntos internos de Guatemala.

La madeja detrás del hilo contra el representante de la ONU es complicada. Las Naciones Unidas tomaron cartas para investigar la corrupción en el país más grande de Centroamérica, y como resultado de esa labor el anterior presidente terminó en prisión. Además, en un movimiento poco usual en los gobiernos latinoamericanos dominados por el Poder Ejecutivo, lograron el nombramiento de una fiscal independiente, que se mantiene en la actualidad en su cargo, y que sigue actuando sin llevar la línea de un jefe.

No está de más decir que el actual presidente -Jimmy Morales-, era un cómico ajeno a la política, hasta que los vaivenes electorales lo lanzaron a la candidatura por la presidencia. Desde entonces, su lema fue «Ni corrupto, ni ladrón», pero paulatinamente han ido saliendo a la luz varios ejemplos de cómo él y sus familiares se han beneficiado de acuerdos políticos en la penumbra, obras públicas que jamás se hicieron, pagos a cargos que no existen y, lo último, financiamiento ilícito al partido que lo llevó al poder.

Como una muestra de humor involuntario, la empresa asociada a las actividades de corrupción del actual presidente y su partido se llama Fulanos y Menganos, S.A., y es un ejemplo paradigmático de lo que debe ser una empresa fantasma de usos múltiples. Entre otras actividades, tiene un restaurante que opera como sede del partido político -el Frente de Convergencia Nacional-, organiza desayunos inexistentes y genera facturas apócrifas.

La lucha por el poder, contra la corrupción y por la limpieza del Estado se está radicalizando. El comisionado de las Naciones Unidas y la fiscal general Thelma Aldana solicitaran el pasado viernes ante la Corte Suprema de Justicia que le levante la inmunidad al mandatario para que sea investigado por el delito de financiamiento electoral ilícito. En respuesta, el mandatario ordenó la salida del representante de la ONU.

Pero el representante se queda. Hace unas horas, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la orden emitida por el presidente de ese país -Jimmy Morales-, de expulsar al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el jurista colombiano Iván Velásquez. Ahora el que peligra en su silla es el propio presidente. Pero esta trama está lejos de terminar todavía.