México tiene la patente de varios delitos. Entre ellos, la toma de casetas de autopistas por parte de grupos que demandan cualquier cosa: solicitudes de recursos para organizaciones campesinas, protestas por políticas del gobierno, pago por ser habitantes cercanos a las casetas, exigencia de libre tránsito por las carreteras del país. A veces hay demandas estudiantiles, exigencias de familiares de personas desaparecidas, transportistas que van por el pago de sus salarios, grupos que se organizan para cobrar peaje por derecho propio.

Se trata de una violación a la libertad de tránsito que no existe en ningún otro país.

En algunas carreteras de Oaxaca, Guerrero y el Estado de México, la toma de casetas ya forma parte de los usos y costumbres de ciertos poblados. Aunque esto constituye un delito que puede llegar a castigarse hasta con 30 años de prisión, su práctica va en aumento. Mientras que en 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron 2 mil 443. En el primer semestre de 2019, se registraron 2,458 tomas. Las pérdidas para la federación también van en aumento. En 2018 ascendieron a 821,959 mil pesos, y de enero a junio de 2019 se han perdido más de mil 359 millones de pesos; es decir, un 65.45% más que las pérdidas de 2018. Algunas estimaciones sostienen que las pérdidas se aproximan a los 5 millones de pesos diarios una vez que se liberan las casetas.

Tímidamente, las autoridades empiezan a actuar. A partir del 1 de diciembre de 2019, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se pusieron en marcha operativos para “evitar la toma de plaza de cobro y daños patrimoniales”. Por lo pronto, habrá más presencia de policías en las casetas afectadas, Se evitarán las tomas y se dialogará con los que las pretendan cerrar.

Algo es algo.

(Información de Excélsior)