Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que garantizaría el acceso de los y las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se dio la instrucción de implementar un programa piloto, he escuchado a muchas personas expresar inconformidad con esta medida.

Hay quienes consideran que esta medida sólo dejará la responsabilidad del trabajo de cuidados al interior de los hogares y que una vez más el Estado, la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto, no tomarán ninguna responsabilidad al respecto; también he escuchado que se va a desincentivar la contratación formal de las trabajadoras del hogar y que las empresas de outsourcing tendrán un nuevo mercado que explotar, promoviendo aún más la informalidad y precarización laboral de este sector de la población.

Si bien coincido con estos argumentos, también creo que esta medida es la puerta de entrada a una serie de acciones, políticas públicas y programas enfocados en redignificar, revalorar y redistribuir el trabajo de cuidados, y que implican un compromiso serio y, por supuesto, presupuestos bien etiquetados y definidos para este fin.

Reconocer el trabajo de cuidados implica reconocer que son más mujeres y niñas, las que lo realizan principalmente y que la obligación de realizar este trabajo nos quita oportunidades de desarrollo. Y reconocer además, que en lugares donde existen menos servicios públicos como agua potable, carreteras y caminos, aumenta el tiempo que se debe dedicar a este trabajo.

Las condiciones laborales que hoy viven las trabajadoras del hogar les impiden tener acceso a guarderías o servicios de cuidado, así que son en muchas ocasiones sus hijas, quienes tienen que asumir la carga del trabajo de cuidados. Si la nueva obligación de inscribir al IMSS a las personas trabajadoras del hogar, les garantiza acceso a guarderías, estaríamos avanzando hacia un esquema más justo para ellas y para sus hijas e hijos.

El trabajo que realizan las trabajadoras del hogar en sus propias casas y en los hogares en los que reciben un pago, es un pilar de bienestar para muchas otras personas porque les da la oportunidad para salir a estudiar, trabajar, divertirse y mejorar sus propias condiciones de desarrollo.

Esto implica que las trabajadoras del hogar subsidian el trabajo de los hogares con ingresos medios y altos, ayudan a disminuir el costo que las empresas deberían cubrir para mantener el costo de vida de sus empleados y empleadas y reduce el gasto del sector público en la prestación de servicios sociales.

Es por ello que la medida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se promueve el acceso de los y las trabajadoras del hogar al IMSS, debería ser el inicio de muchas otras políticas públicas y presupuestos que hagan universal el acceso a servicios sociales, regulen las políticas salariales y conduzcan hacia un esquema en el que las empresas paguen el costo real de la vida de sus empleados y empleadas.

Y por supuesto, debería ser el inicio para redistribuir el trabajo de cuidados al interior de los hogares.