Con poco bombo y platillo, como si fuera un proceso vergonzoso, hace unos días fue anunciado que se iniciará el proceso de licitación de los dos últimos ingenios azucareros que opera el Fondo de empresas expropiadas del sector azucarero (FEESA): El Potrero y San Miguelito, ubicados en el estado de Veracruz. La información no es del todo clara, pues por otra parte se habla de un amparo interpuesto por el Grupo Escorpión, dueño antes de ambos ingenios, que impediría dicha licitación.

El proceso, que tendrá lugar tarde o temprano, recuerda la suerte con que ha corrido la industria azucarera en México, en forma similar a la de las concesiones de las carreteras: cuando los ingenios muestran síntomas de crisis y falta de rentabilidad, vuelven a ser tomadas por el Estado. Una vez que éste las sanea, -o dice que las sanea-, las licitan de nuevo para que las adquiera la iniciativa privada.

La industria azucarera ha sido muy importante para el país sobre todo, por la gran cantidad de mano de obra que emplea. Las zonas cañeras se distribuyen en buena parte de la república: desde la península yucateca hasta el sur tamaulipeco en la costa del Golfo de México, pasando por los estados de Morelos y San Luis Potosí en el centro, hasta Colima, Jalisco y Nayarit en la costa occidental.

En 1971 el gobierno tenía 19 ingenios. Hacia el final de los años setenta, controlaba 49 de los 66 existentes, pero el país pasó de ser un exportador neto a un importador. Evidentemente, el modelo hacía agua. Durante la presidencia de Miguel de la Madrid comenzó la privatización de la industria, y durante el sexenio de Carlos Salinas, además de continuar con la venta de ingenios, se reestructuraron y liquidaron los fideicomisos de apoyo a los productores de caña de azúcar y a los obreros de la industria. Años más tarde -en 2001-, debido a los perpetuos problemas financieros,  el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emitió un decreto por el que se expropiaban 27 empresas de la agroindustria azucarera.

A 16 años de distancia, estamos de nuevo en la venta de esos ingenios a la iniciativa privada. Cabe la pregunta de si serán bien administrados o tendrá que entrar otra vez el Estado a rescatarlos. ¿A quién beneficia tanto cambio de manos? ¿Es el Estado un hospital dedicado a sanear las insuficiencias de la iniciativa privada? ¿O debe haber un plan nacional en beneficio de los trabajadores y los consumidores? ¿Puede alguien responder estas preguntas? ¿O es mejor no hacerlas?