En todo el mundo, las relaciones entre el Estado y la iglesia no han sido siempre buenas. Ambos representan a dos poderes distintos y, en ciertas ocasiones, antagónicos. Basta recordar la llamada guerra cristera contra el gobierno de Plutarco Elías Calles en México. El Cielo y la Tierra se enfrentaron a balazos. Ninguno resultó vencedor definitivo, y ambos aprendieron a tolerarse mutuamente. Hoy viven en paz.

En Nicaragua, desde el triunfo de la revolución sandinista, el poder de la iglesia no ha sido bien visto por el gobierno. Ayer cinco sacerdotes católicos fueron condenados a cárcel bajo cargos de «conspiración», en el último golpe fabricado contra la Iglesia católica.

Las autoridades nicaragüenses han acusado a varios miembros de la Iglesia católica de respaldar las protestas de los opositores al gobierno de Daniel Ortega (en la fotografía), quien ha sido blanco de críticas de diversas organizaciones por considerar que desde hace años ha usado métodos arbitrarios contra cualquier manifestación opositora en ese país, incluidos los arrestos. Sus críticos sostienen que los poderes Judicial y Legislativo están plegados a lo que diga el mandatario. En ese proceso, la jueza Nadia Tardencilla emitió la condena el pasado lunes por «conspiración» contra los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II, y contra José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa, respectivamente; además, contra el sacerdote Raúl Vega. Dos seminaristas y un camarógrafo recibieron la misma sentencia bajo la misma acusación.

Todos permanecen recluidos desde el año pasado en la cárcel policial de El Chipote, en Managua, y fueron inhabilitados a perpetuidad de sus derechos ciudadanos para competir por cargos públicos o de elección popular.

En todos los casos, las audiencias se celebraron a puertas cerradas y con abogados defensores nombrados por el Estado, según señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que calificó las sentencias como una «aberración jurídica».

El Gobierno de Ortega arrestó a docenas de opositores en 2021, incluidos siete potenciales candidatos presidenciales, quienes fueron condenados a penas de prisión en audiencias que también fueron a puerta cerrada. Ortega ha sostenido que las protestas de opositores se realizan con el apoyo del extranjero y de la Iglesia católica.

En medio de esos señalamientos, las autoridades arrestaron a Monseñor Álvarez, el primer obispo sometido a un proceso penal en Nicaragua desde que Ortega retornó al poder en 2007. Se encuentra bajo arresto domiciliario en Managua, bajo estricta vigilancia policial.

El obispo había permanecido 15 días sitiado por la policía en agosto pasado en la diócesis de Matagalpa, junto a sus colaboradores ahora presos y condenados. En esa ocasión, la Policía dijo que los investigaba por supuestamente «organizar grupos violentos». Casi simultáneamente, el Gobierno ordenó el cierre de seis radioemisoras adscritas a la Iglesia católica en Matagalpa, ciudad que se encuentra a 130 kilómetros al norte de Managua.

En agosto, el Papa Francisco expresó su preocupación por la situación en Nicaragua y llamó a mantener un diálogo en ese país, aunque no se pronunció específicamente sobre los ataques contra la Iglesia católica.

En Nicaragua, la revolución no ha escapado de una regla que se ha aplicado en otras revoluciones: el jefe de la revolución, apenas llega al poder, gobierna con las mismas prácticas autoritarias que el dictador que fue derrocado.