En Estados Unidos, donde las matanzas en las escuela se suceden alarmantemente en lo que va del año, varias empresas se han unido a las voces estudiantiles que se han movilizado para evitar nuevas masacres.

Lo que debiera ser una acción lógica e inmediata del Estado para detener los derramamientos de sangre -prohibir la libre venta de armas- se ha convertido en un debate nacional en el que las puertas de salida son muy pocas. Pesa sobre el tema una cultura de fervor por las armas, consagrada en la Constitución por la llamada Segunda Enmienda, que otorga a todos los ciudadanos el derecho de protegerse por la vía armada. En consecuencia, cualquiera puede comprar rifles y pistolas en las armerías y cadenas de supermercados.

Y las armas no son utilizadas para protegerse de los agresores. No hay evidencias de que los ciudadanos defiendan a sus familias y sus propiedades cuando son asaltados. Lo que existe es una actividad terrorista desatada, que lo mismo ataca iglesias, escuelas o simples calles peatonales. Hay una mezcla explosiva de fanatismo religioso, violencia familiar, patologías siempre al borde de expresarse y deseos de venganza que desemboca en una escena que se repite hasta el mareo: un individuo armado, aparentemente sin motivo, aparece en un lugar de reunión para matar a mansalva a todos los presentes.

¿Quién se beneficia de esta situación? Nadie, salvo los fabricantes y vendedores de armas. Ese círculo del poder económico y político que gira alrededor de una organización llamada la Asociación Nacional del Rifle. Se trata de un monopolio de guerra, que se despliega a través de clubes de entrenamiento de armas, revistas especializadas, campañas publicitarias sobre rifles de asalto y pistolas de todos los calibres, conductores de radio y televisión y un grupo muy poderoso de negociadores en el Capitolio. La Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) se erige como el organismo defensor de la sacrosanta Enmienda que permite a los ciudadanos defenderse con las armas. Se presenta, casi, como una organización de derechos humanos.

La semana pasada, un puñado de empresas estadounidenses se deslindaron de la NRA, como medida de presión para terminar con las masacres. La primera fue una institución bancaria: el First National Bank of Omaha. Le siguieron las aerolíneas Delta y United Airlines; en cuestión de días figuraron también las agencias de rentas de automóviles, como Hertz, Avis, Alamo, Enterprise y National. Se apuntaron también las aseguradoras Chubb y Metlife, así como varias firmas de Internet como Symantec.

La NRA respondió diciendo que el deslinde de las empresas era «una vergonzosa exhibición de cobardía política y civil.»

Donald Trump, mientras tanto, propuso acabar con las masacres en las escuelas armando a los profesores.