La noticia de que el cuerpo muerto de un bebé de tres meses de edad fue encontrado en el basurero de un penal ha sido el principal encabezado de los diarios de México y algunos del mundo. Es un suceso condenable desde cualquier punto de vista, y el esclarecimiento de los hechos no basta para que se castigue a los culpables y que sucesos de esa dimensión no se vuelvan a repetir. De entrada, ha fluido una cascada de despidos y renuncias por parte de autoridades, involucrados y sospechosos. Para empezar, el gobernador de la entidad informó del relevo en la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y en la Subsecretaría de Centros Penitenciarios.

El fin de semana, la Fiscalía de Puebla informó que había sido identificada la persona que colocó el cuerpo del bebé en el basurero del Centro Penitenciario de Puebla (en la fotografía), y confirmó que se trataba de un bebé de tres meses exhumado de un panteón de Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo cual se confirmó con estudios genéticos realizados al cuerpo del bebé y a sus padres.

Una de las hipótesis que podrían explicar esta aberración es que el cuerpo fue utilizado para introducir droga en el pena. Este supuesto fue descartado por los peritos. Otra hipótesis señala que el cuerpo del bebé fue utilizado para ejercer prácticas satánicas por parte de los grupos que se dedican a ese culto.

Todas las razones que puedan aparecer son condenables de manera absoluta. Pero sirven para demostrar el grado de descomposición al que ha llegado la sociedad mexicana, y los extremos de crueldad y salvajismo que pueden desarrollar algunos individuos.