El Instituto Nacional Electoral ha dado un paso más de los previstos expresamente en la Constitución y las leyes para culminar con sus tareas fundamentales para hacer posible la renovación pacífica de los poderes públicos en el país, a través de elecciones genuinas.

La historia de la democratización en México, desde el nacimiento del IFE en 1990, comprendió primero asegurar el respeto al voto; para 1994, se reconoció el avance tras las elecciones presidenciales de ese año, cuando a diferencia de 1988 los votos se contaron y contaron bien.

Se dijo entonces por el ganador de las elecciones que los comicios de 1994, si bien fueron limpios no fueron equitativos.

De ahí que en 1996 junto al surgimiento del IFE autónomo, se incluyera en la Constitución y el Código Electoral un conjunto de disposiciones para buscar la equidad en las condiciones de la competencia electoral. Hubo definiciones clave: Financiamiento público preponderante, financiamiento privado con límites, prohibición de ciertas fuentes, dinero de empresas, dinero desconocido, dinero de gobierno y poderes públicos y una fiscalización permanente.

Hoy en 2018, podemos celebrar que las elecciones fueron contundentemente limpias, pero también que fueron equitativas y que el dinero, un ingrediente presente en la vida de las sociedades y necesario en toda democracia no se convirtió en un factor disruptivo.

Quien ganó cargos de gobierno y de representación lo hizo por la fuerza del voto, no por la influencia del dinero. Y esa es una buena noticia para la democracia mexicana.

No puede haber elecciones ejemplares si éstas no son competidas y si no hay un piso de equidad, pues bien, la fiscalización del INE con sus datos duros muestra que las campañas fueron equitativas, hubo rendición de cuentas y hay control del grueso del origen y destino de los recursos involucrados.

Voy a los datos.

Hay pronunciamiento de los 31 dictámenes, uno para las Elecciones Federales y 30 de las Elecciones Locales sobre 17 mil 699 candidatos. De ellos, solo dos no entregaron su tercer informe.

A través del Sistema Integral de Fiscalización se recibieron 3 mil 512 informes durante los tres periodos regulares de presentación y ante observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización los sujetos obligados remitieron 27 mil 51 informes más.

En total se analizaron 57 mil 563 informes. Obviamente ese trabajo se hizo de forma ordenada y en tiempos muy reducidos, porque hubo dirección y conducción precisas por parte del Titular de la Unidad y de sus directores, así como acompañamiento de la Comisión de Fiscalización.

Para tener una idea aproximada del universo de trabajo, baste decir que se cargaron al Sistema Integral de Fiscalización más de medio millón de pólizas, 593 mil 513 para ser exactos. En ellas hubo constancia de ingresos por 5 mil 334.7 millones de pesos y gastos por 5 mil 192.6 millones. En total, el personal de auditoría revisó 10 mil 527 millones de pesos entre origen y destino de recursos involucrados en las campañas.La fiscalización permite conocer que, de todos los ingresos de los candidatos a algún puesto de elección popular, el 88 por ciento provino del financiamiento público, 9 de cada 10 pesos gastados en las campañas son gracias al modelo que privilegia la equidad. Sí hubo condiciones de la competencia adecuadas y partidos y candidatos sin mayores recursos privados pudieron competir en posibilidades de hacerse con la victoria, es porque México no tiene un modelo de contienda basado en las grandes aportaciones de los grupos de poder económico, esa es una buena noticia y algo que preservar.

Aunque el financiamiento público reciba descalificaciones, sustituirlo mayoritaria o solamente por el privado, o peor aún, por el financiamiento de origen desconocido y opaco, puede ser peligroso. Cómo sabemos que lo declarado por los partidos se acerca a la realidad, pues porque los revisamos con todos los recursos a nuestro alcance.

Los monitoristas del INE recorrieron todos los días calle, colonias, carreteras, y tomaron fotografías y referenciaron con precisión 105 mil 520 testigos de propaganda en vía pública.

Además, de gastos en portales, en Internet, y en redes sociales, se obtuvieron 15 mil 273 razones y constancias.

También se registraron seis mil 999 testigos en medios impresos.Nuestro compañeros y compañeras levantaron 11 mil 188 actas de visitas de verificación en actos y casas de campaña.

Gracias a la labor de recabar información propia se detectaron 184.1 millones de pesos de gasto que no fueron reportados por los actores, siendo así el gasto no reportado representa el 3.54 del gasto del que sí se rindió cuentas.

Es una mejoría considerable frente a otros procesos como los de 2017, donde los gastos no reportados alcanzaron el 29 por ciento del total.

En esta fiscalización se comprobó que cinco candidatos a un puesto de elección federal rebasaron los topes de gasto de campaña, y paradójicamente, ninguno resultó ganador en las urnas.

De nuevo, una elección que vale la pena aquilatar, gastar más no se traduce en más votosY el mensaje es entendido, presenciamos las campañas de menor contaminación visual en las ciudades y poblaciones del país, ojalá esa sea la ruta a seguir, saturar de publicidad no es comunicar mejor, para persuadir hay que convencer no que derrochar.

En total y habiendo hecho una revisión con observaciones de los sujetos obligados que llegaron a detectar inconsistencias o errores en nuestras cifras, hemos hecho una nueva revisión falta por falta y monto por monto y se identifican sanciones por 296 millones 551 mil 281 pesos a nivel federal y 576 millones 208 mil pesos en el nivel local. En total hablamos de 872.6 millones de pesos, es decir, las sanciones representan el ocho por ciento del dinero involucrado en las campañas.

Por sujeto obligado las sanciones se distribuyen así: 89 millones de pesos al PAN, 186 millones al PRI, 66.9 millones al PRD, 107 millones al Verde, 100 millones al PT, 36.7 millones a Movimiento Ciudadano, 28.4 millones a Nueva Alianza, 139.5 millones a MORENA, 74.4 millones a Encuentro Social y 44.2 millones a partidos locales.

El propósito de la fiscalización es asegurar la legalidad en el uso del dinero en las campañas y disminuir el riesgo de recursos de procedencia ilegal o uso desproporcionado de los mismos.

Hoy más allá de las faltas, omisiones e inconsistencias que dan lugar a las sanciones, hay que decir que México vivió en 2018 un proceso electoral que puede calificarse de democrático, es el voto, no el dinero lo que define las elecciones.

(Palabras de Ciro Murayama en la Sesión Extraordinaria del Consejo General del 6 de agosto. Información del INE)