Hubo un total de 15,400 homicidios dolosos en México, hasta la fecha, en 2022. De ellos, muchos fueron perpetrados con armas compradas en Estados Unidos. Por eso el gobierno mexicano acusó a los fabricantes de armas de ser partícipes en las matanzas.

Sin embargo, un juez federal de Boston desechó hoy la demanda del Gobierno de México contra siete fabricantes y un distribuidor de armas de Estados Unidos, a los que pretendió hacer corresponsables de la violencia en el País.

Dennis Saylor, juez de la Corte de Distrito en Massachusetts, determino que la acción de México es improcedente, porque este tipo de demandas están expresamente prohibidas por la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas, expedida por el Congreso de Estados Unidos en 2005.

«Esta ley prohíbe, de manera inequívoca, las demandas que pretenden hacer responsables a los fabricantes de armas por los actos de individuos que las utilizan. Si bien la ley contiene algunas excepciones estrechas, ninguna es aplicable», afirmó Saylor.

Saylor tuvo algunas expresiones de simpatía hacia el reclamo mexicano y las víctimas de la violencia en el país, pero el juez fue claro en que no tiene la autoridad para ignorar una ley del Congreso.

México reclamaba a empresas como Smith y & Wesson, Colt, Barrett Firearms y Beretta, el pago de daños y perjuicios, daños punitivos e incluso un porcentaje de sus ganancias, así como múltiples medidas preventivas para evitar el tráfico hacia territorio nacional, donde 70 a 90 por ciento de las armas involucradas en hechos de violencia vienen de Estados Unidos.

Con este respaldo del gobierno de Estados Unidos a los portadores de armas mexicanas, la muerte tiene permiso.