En Estados Unidos existe una figura jurídica que implica el juicio político y la destitución de un presidente. Se llama en inglés impeachment, y en el imaginario popular se vincula directamente con la destitución de Richard Nixon como presidente después de revelarse el caso del complejo Watergate, donde la Casa Blanca espió directamente a varios miembros del Partido Demócrata.

Ahora el impeachment pende directamente sobre la cabeza de Donald Trump, porque una agrupación llamada Free Speach (Discurso Libre) publicó en The New York Times un artículo que afirma que el actual presidente debe ser destituido porque ha violado la constitución en la cláusula relativa a las ganancias externas, que impiden al presidente recibir remuneraciones que provienen del exterior.

Tres analistas de la Brookings Institution sostienen que «nunca en la historia de Estados Unidos un presidente ha tenido un mayor conflicto de intereses que Donald Trump.» Y además, afirman, se trata de negocios turbios, nada transparentes.

La realidad de sus empresas en el mundo es un dato incontrovertible. Porque en efecto, la Organización Trump ha realizado negocios en Arabia Saudita, Argentina, Azerbaijan, Bermuda, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Georgia, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Panamá, Qatar, México, Reino Unido, Rusia, San Martín, San Vicente, Turquía y Uruguay. Todo en orden alfabético.

Los negocios son negocios. La política es aparte. China, uno de los países más atacados en los discursos del nuevo inquilino de la Casa Blanca, tiene un banco que es arrendatario de la Torre Trump, y el Banco de China ha sido el mayor prestamista del ahora presidente.

El tema puede crecer como el huevo de la serpiente. Y aunque Trump alardea de tener a la ley de su lado y poder administrar sus negocios mientras dirige los rumbos del país, esta red de conflictos de interés lo puede poner en un avión semejante al que se llevó a Richard Nixon fuera de la Casa Blanca y del país.